El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, también excopropietario de Marsans, se enfrenta a un reguero de procedimientos penales por delito fiscal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, que le llevarán a sentarse en el banquillo a partir de febrero.

El primero de todos ellos -cometido supuestamente en su etapa en el grupo y con posterioridad-, es el de delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001, procedimiento que le llevará a sentarse en el banquillo a partir del 26 de febrero junto al expresidente de Air Comet Antonio Mata, según fuentes jurídicas consultadas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido para ambos una pena de dos años y cuatro meses de prisión y el pago de una indemnización de 99 millones de euros.

En fase de instrucción en la Audiencia Nacional se encuentra el procedimiento que investiga la supuesta apropiación indebida de 4,43 millones de euros procedentes de los clientes de Marsans antes de que el grupo turístico fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en junio de 2010.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, tomó declaración como imputado el pasado mes de marzo por este asunto a Díaz Ferrán, que aseguró que no llevaba el "día a día" de la compañía y que las decisiones ejecutivas las tomaba su socio, Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio.

Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige Eloy Velasco, también instruye el supuesto alzamiento de bienes y el blanqueo de capitales que ha venido llevando a cabo Díaz Ferrán y Pascual en colaboración con Ángel de Cabo, a quien transfirieron Marsans justo antes de que fuera declarado en concurso de acreedores.

Por otro lado, Díaz Ferrán tiene que responder ante los juzgados de instrucción por otros asuntos vinculados a Marsans y a la aerolínea del grupo, Air Comet, que cesó sus operaciones en diciembre de 2009.

Así, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid le tiene citado como imputado el próximo 5 de diciembre para que declare junto al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por un crédito de 26,6 millones de euros concedido por la entidad a Air Comet, que podría haber conllevado la comisión de delitos societarios y de falsedad documental.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid investiga al nuevo propietario de Marsans, Ángel de Cabo, y su mano derecha, Iván Losada, por su presunta mala gestión al frente del conglomerado, que podría constituir un delito de alzamiento de bienes y de agravamiento de la situación de insolvencia. Entre los querellados también figura Gerardo Díaz Ferrán.

Fuera de la vía penal, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid declaró el pasado mes de mayo que Díaz Ferrán y Pascual fueron culpables de la quiebra de Seguros Mercurio, una de las compañías de Marsans, y les inhabilitó para administrar bienes ajenos durante los próximos 15 años, además de condenarles a pagar los 10,25 millones de euros de agujero de la aseguradora.

Además, el excopresidente de Marsans se encuentra pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que ha supervisado el concurso de acreedores de la compañía turística, emita la sentencia por la que previsiblemente le condenará a cubrir el agujero de la compañía (424,4 millones de euros necesarios para pagar las deudas a 11.400 acreedores) y le inhabilitará.

La sociedad Posibilitumm Business, propiedad de Ángel de Cabo, también se enfrenta a la posible condena por haber agravado la insolvencia del grupo turístico.

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid también tiene pendiente dirimir la culpabilidad de Díaz Ferrán en la insolvencia de Air Comet, cuyos activos en principio sólo cubren el 1,5 % de los 365,87 millones que adeuda a sus acreedores, en su mayoría viajeros que se quedaron sin volar cuando suspendió sus operaciones en diciembre de 2009.