La comisión de investigación sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta ha cerrado cinco meses de trabajo sin que el Pleno del Parlamento andaluz haya logrado aprobar este miércoles un dictamen final ante las diferencias irreconciliables entre los partidos. El único partido en apoyar el dictamen que emanó de la comisión ha sido el PSOE-A (sin mayoría absoluta en la Cámara), mientras que PP-A e IULV-CA lo han rechazado.

Tras un debate marcado por el cruce de acusaciones entre los tres grupos políticos, el dictamen sometido al Pleno de la Cámara ha contado únicamente con el voto a favor del PSOE-A, mientras que IULV-CA y PP-A lo han rechazado. En él se situaba la "responsabilidad política directa" del caso de los ERE en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que es lo que planteó desde un principio el grupo socialista.

Sin embargo, PP-A e IULV-CA (socio del PSOE-A en la Junta) no estaban de acuerdo con que la responsabilidad política se situara exclusivamente en ese exdirector general.

Así, el grupo popular ha mantenido para el debate del dictamen en el Pleno, como voto particular, sus propuestas de conclusiones, en las que situaba como máximos "responsables políticos" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. También incluía, entre otros, a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Izquierda Unida también ha mantenido como voto particular la ponencia de síntesis que elaboró el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García, en la que se situaba la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y también se incluía la del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y la de Guerrero.

La de los ERE ha sido la primera comisión de investigación creada en el Parlamento después de 17 años y, sin embargo, los grupos no han logrado el acuerdo en relación con sus conclusiones, tras cinco meses de trabajo. En la comisión de investigación han comparecido una treintena de personas, entre ellas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán; su antecesor en el cargo, Manuel Chaves; consejeros del actual Gobierno andaluz; exconsejeros, y el propio Guerrero, el principal imputado por la justicia en este caso.