El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, dentro del conocido como 'caso Emarsa', ha vuelto a rechazar la puesta en libertad de María Águila Aladren, expareja del empresario Jorge Roca Samper, uno de los principales imputados en el procedimiento, al estimar que existe un "evidente" riesgo de fuga.

El letrado de la imputada interpuso un recurso contra el auto dictado por el magistrado el día 12 de noviembre, en el que se acordaba que no se debía modificar la situación personal de prisión provisional de la procesada. En este recurso, el abogado pedía la libertad de su representada porque aseguraba que ésta iba a estar "en todo momento" a disposición del juez.

Sin embargo, el magistrado, tras estudiar el escrito, ha decidido rechazarlo y mantener la situación de prisión de la procesada, y ha destacado que existen motivos "bastantes" para creer que la mujer es responsable de un delito de blanqueo de capitales.

Asimismo, indica que la excepcional medida cautelar adoptada se justifica en tanto que se orienta a conjurar el riesgo de fuga que, "con toda evidencia", existiría en este caso si se modificara la medida cautelar en el sentido solicitado por la mujer, cuya expareja se encuentra fugado.

Al respecto, puntualiza que la mujer, lejos de acreditar cuál ha sido su paradero y el de sus hijos, de muy corta edad, en el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2011 y el día 31 de julio de 2012, "lo cierto es que aún se sigue ignorando dónde estuvo". Y ello —agrega— pese a que la defensa ha contado con dos semanas para poder localizar documentos, testigos o cualquier otro medio de prueba para acreditar que, efectivamente, esta mujer residió en España en este tiempo, tal y como ella afirmó en su declaración.

En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que una vez que se ordenó la averiguación de paradero de la mujer para ser oída como testigo, emprendió un vuelo junto con sus hijos desde Rumanía a Valencia, el magistrado entiende que de modificarse su situación personal, la mujer "podría eludir de inmediato la acción de la justicia".