El Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, en Lanzarote, ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones de una de las piezas de la Operación Unión.

Así lo recoge el auto emitido por el citado Juzgado y en el que se advierte a las partes que al encontrarse el procedimiento sub judice, las filtraciones a partir de ahora no constituyen delito penal pero apela "al buen hacer de todos los profesionales que se encuentran personados" en la causa, esperando el "pleno respecto a la intimidad y a la propia imagen de todos" los que en las actuaciones figuran como imputados.

Esta causa tiene actualmente mas de 70.000 folios con "gran cantidad" de documentación tanto intervenida como objeto de análisis, así como solicitada a la vista del avance de la instrucción.

En este sentido, el auto recoge que se ha podido comprobar, aunque sin entrar a valorar el fondo, la existencia de indicios de cierta entidad, que integrarían delitos de cohecho, tráfico de influencia, prevaricación y otros conexos en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife, centrados principalmente en los pagos y exigencias de comisiones a cargo de determinados empresarios de cierta relevancia de la isla, a favor de concejales y otras personas con representación pública pertenecientes al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), así como a la financiación irregular del PIL, que pasó a formar de otra pieza.

Así, en el seno de estas diligencias se encuentran cuatro partes, tales como son la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arrecife del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos de la ciudad a TECMED (actualmente Urbaser) en el año 2002, de la que partirían las comisiones cobradas presuntamente por dos cargos públicos.

Otra parte está relacionada con el pago de comisiones ilegales por parte de la mercantil Urbaser a diferentes cargos y ex cargos públicos; una tercera se centra en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arrecife del contrato para la realización del polideportivo de Argana a favor de Fomento Construcciones y Contratas S.L.; y finalmente el cobro indebido, con la anuencia de un concejal del Ayuntamiento de Arrecife y a cargo del propio Consistorio, mediante el sistema de 'inflado de facturas' por parte de un empleado de la mercantil Urbaser, repartiéndose entre ambos el resultado.

Como imputados en la presentes diligencias previas aparecen los cargos o ex cargos públicos Dimas Martín Martín (fundador del PIL),

Maria Isabel Déniz de León (alcaldesa de Arrecife en el periodo de comision de los hechos), Felipe Fernández Camero (secretario del Ayuntamiento de Arrecife, en el periodo en el que se cometió presuntamente los hechos que se le imputan), Juan Rafael Arrocha (técnico del Ayuntamiento de Arrecife), Matías Curbelo Luzardo (miembro del PIL) y Miguel Ángel Leal (miembro del PSOE).

Por Urbaser se encuentran imputados Francisco José Martínez Llerandi (director de Obras y Conservación), Stephan Jean Antoine Balverde (gerente), Jacinto Álvarez de la Fuente (empleado y responsable de Urbaser SL), Santiago Alonso Herreros (director de limpieza y jardineria) y Manuel Andrés Martínez (director de Servicios Urbanos).

Asimismo, por FCC S.A. se encuentran imputados el administrados y el encargado de obras Francisco Javier Armas López y Marco Aurelio Hernández Guerra, respectivamente. A ellos se unen de Proyecto Gamma 3, Gamma Install S.L. e Infraestructuras Cascosa S.L. Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo, Julio Pedro Romero Ortega, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo Gil de Montes.