El sindicato UGT en Andalucía pretende iniciar una recogida de firmas para que los ciudadanos puedan mostrar su rechazo a la ley de tasas y promover así una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Parlamento andaluz para recurrirla.

El sindicato ha recordado que, según establece el artículo 113 del Estatuto de Autonomía andaluz, se necesitan 40.000 firmas para que la Iniciativa Legislativa Popular llegue al Parlamento. De esta manera, serán "los propios ciudadanos los que exigirán al Parlamento que promueva una ley para regular la financiación autonómica de los servicios de justicia y estudie la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas", ha subrayado.

El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha señalado que esta ley supone "la violación" del derecho a una tutela judicial efectiva para todas aquellas personas que tengan mayores dificultades económicas. "Una vez más, el gobierno del PP introduce un mecanismo de desigualdad económica en algo tan fundamental como el acceso a la justicia, es decir, aquello que hace posible en última instancia la defensa de nuestros derechos laborales, sociales, económicos".

De esta manera, ha indicado que el sindicato va a impulsar "cuanto esté en su mano para que el Gobierno anule esta normativa. "En el caso de la justicia las tasas son especialmente lesivas porque vienen a complementar la pérdida de derechos que, a través de otras reformas como la Reforma Laboral, ya sufrimos los trabajadores".

"La justicia tiene que financiarse mediante los impuestos, mediante un sistema de impuestos progresivos que facilite la igualdad de acceso para todos los ciudadanos", propone el líder sindical andaluz.

Además de la Iniciativa Legislativa Popular, se sumarán a los colegios de abogados y graduados sociales y las distintas plataformas de jueces o fiscales para desarrollar una campaña informativa que dé a conocer a los ciudadanos "el riesgo que corremos todos tras la aplicación de esta ley".

"Todo aquel que no tenga recursos económicos suficientes no podrá acceder a la segunda instancia para defender sus derechos. Los precios de las tasas más los porcentajes adicionales sobre las cantidades reclamadas impedirán a muchos trabajadores, por ejemplo en caso de despido, recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una sentencia perdida en primera instancia. Si estás en paro o reclamas una indemnización es imposible disponer del dinero necesario para poder reclamar", ha advertido.

Según los datos del sindicato, de aquí a dos años solo en Málaga sobrarían la mitad de los juzgados de lo social "simplemente porque ya no habrá quien pueda reclamar", asegura Pastrana.

"La ley de tasas es un eslabón más de la cadena de reformas que introduce el PP desde hace un año. Complementa la indefensión y la desregulación de derechos que plantean las demás reformas. Si la Reforma Laboral ha supuesto para los trabajadores un debilitamiento de la defensa de sus derechos frente a la empresa, ahora la introducción del sistema de tasas en la justicia, les corta también la vía para poder defenderse ante la empresa a través de la justicia", ha cerrado.