La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que el Gobierno autonómico quiere que la Ley de Transparencia de Andalucía, que será "de máximos", sea una realidad en el primer semestre de 2013.

Durante su intervención en comisión del Parlamento andaluz, Susana Díaz ha manifestado que en el seno de la Junta se está trabajando con intensidad en la redacción de esa futura ley para que sea una realidad en el próximo periodo de sesiones (de febrero a junio de 2013), y ha recordado que nace por un compromiso adquirido entre PSOE-A e IULV-CA en el acuerdo de gobierno y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo dejó claro en su debate de investidura.

Asimismo, ha querido dejar claro que esa ley será "de máximos", frente a la ley del Gobierno central "de mínimos". Ha señalado que será la ley más avanzada y vanguardista del territorio español, "que va a tener solo un limite, lo que no permite publicar la Ley de protección de datos".

Ha señalado que el Gobierno andaluz quiere una administración más cercana, accesible y transparente, y que una Ley de Transparencia puede ser el mejor instrumento que sirva para poner freno a cualquier acto de corrupción o irregular.

Para Susana Díaz, hay que asumir que tenemos que hacer política de otra manera y que para ello hay que contar con la participación y el control de la ciudadanía. En este sentido, ha garantizado una ley "participada", que tendrá como base el consenso político y social. "Va a ser una ley de máximos, completa e integral y esperamos que cuente con el apoyo del conjunto de la Cámara", ha expresado la consejera.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha manifestado que con la Ley de Transparencia el Gobierno andaluz se "autoimpone" un instrumento de mejora de la calidad de la democracia, en unos momentos en los que ésta democracia vive momentos de baja intensidad

Ha indicado que es una demanda de la ciudadanía y que debe contribuir a estrechar la distancia que separa a los ciudadanos ciudadanía de los políticos, al tiempo que debe suponer un paso cualitativo en el acceso de la ciudadanía a la información y documentación pública.

Para Castro, si la ley andaluza de Transparencia va a ser de máximos tendrá que ser "más ambiciosa, realista y exigente" que la ley estatal, "que deja muchos elementos que desear".