La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz ha aprobado esta miércoles una proposición no de ley defendida por IULV-CA, que ha contado con el apoyo del PSOE-A y la abstención del PP-A, por la que la Cámara insta a la Junta a demandar a los Obispados de Almería, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Cádiz y Huelva a colaborar con las asociaciones y colectivos víctimas por el robo de bebés a la hora de facilitar información sobre estos casos.

La Cámara andaluza también ha solicitado que la Junta colabore para agilizar todos los trámites administrativos para acceder a la información necesaria que ayude a las víctimas y afectados en la búsqueda de sus orígenes y de sus familias, facilitando las infraestructuras e instrumentos más básicos para poder realizar con diligencia los trámites que cada denunciante necesite para la consecución de lo solicitado.

De igual modo y a instancia de esta iniciativa, el Parlamento ha otorgado el reconocimiento oficial de victimas a los afectados por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales realizadas durante el periodo 1940-1990, conforme a la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Cámara andaluza manifiesta también su voluntad de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía proceda a la apertura de los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, de los archivos eclesiásticos y de las clínicas en las que se realizaron las sustracciones y entregas.

En su defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha indicado que los casos de bebés robados en España, desde hospitales públicos y privados como los que pertenecían a la Iglesia católica, no han parado de salir en los últimos años y que, según las denuncias estaríamos alrededor de 300.000 casos de bebés robados aproximadamente, en el marco de una presunta trama de adopciones "irregulares e ilegales" desde los años 50 hasta bien entrados los años 90.

Asimismo, ha asegurado que las víctimas que han intentado conocer su historia se han encontrado siempre "con el silencio como respuesta y las mismas dificultades", añadiendo que los especialistas coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos instituciones que más dificultades ponen.

"Las asociaciones, colectivos de víctimas por el robo de niños y asociaciones de adoptados, vienen denunciando la pasividad con la que los gobiernos autonómicos y nacional han venido abordando esta realidad y a la vez reivindican la tutela de todo el aparato del Estado español para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación", ha destacado.