Sheila tenía 5 años cuando su madre, Rebeca, denunció públicamente que la oposición de tres vecinos a instalar un ascensor en su edificio le obligaba a subirla y bajarla en brazos cada vez que tenía que salir de su casa, ubicada en un quinto piso.

Aquejada de espina bífida, la niña tiene ahora 8 años y pesa 30 kilos, el doble que hace tres años. Sin embargo, la instalación del ascensor sigue paralizada por la oposición de estos vecinos, a pesar de que había incluso un proyecto constructivo: “Cada día debo subirla y bajarla un mínimo 4 veces para que vaya al colegio, pero tengo ya la espalda encogida y hay veces que tengo que dejarla sentada en el suelo de un rellano para descansar porque ya no puedo más”, relata esta madre de Valencia.

Según comenta Rebeca, no se ha planteado cambiarse de piso, ya que tiene su actual vivienda “en propiedad” y la situación económica no le permite afrontar una hipoteca. Además, la instalación del elevador tiene visos de eternizarse, puesto que, según explica Vicente Martínez, uno de los vecinos que está ayudando a Rebeca con el proceso, “vamos a poner una demanda porque el libro de actas que acredita que la mayoría de vecinos está a favor ha desaparecido”, añade.

La situación se ha vuelto más urgente si cabe ya que otra familia del mismo edificio con una niña discapacitada ha tenido que abandonar su vivienda de alquiler por la falta de accesibilidad.

En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) de la C. Valenciana, Carlos Laguna, ha solicitado sensibilidad a los vecinos que se oponen a la hora de afrontar estas obras, ya que “revalorizan los edificios” y son necesarias. En 3,3 millones de hogares españoles, uno de cada cinco, habita una persona con discapacidad, según un estudio.

Pese a que la Ley de Igualdad de Oportunidades aprobada en 2003 obliga a la realización de obras en comunidades de vecinos para garantizar la accesibilidad, sigue siendo necesario que estén a favor de las obras un 60% de los vecinos, según fuentes de Cocemfe-CV. Si no se alcanza el quórum, el propietario podrá instalarlo, pero pagando, y denunciar si aun así los vecinos se oponen. Esto, unido a la crisis, prolonga la falta de accesibilidad en edificios antiguos, ya que instalar un ascensor cuesta unos 100.000 euros y por este motivo se niegan a ponerlo los tres vecinos.