La juez de Madrid Gema Gallego, que investiga la supuesta falsedad de unos informes periciales sobre el 11-M, tomará declaración hoy al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida Lledó, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Mélida comparecerá a las 17.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid como imputado después de que el pasado viernes lo hiciera el jefe de sección de la Unidad de Análisis de esta Comisaría General, Francisco Ramírez.
Ramírez fue quien recibió de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique el informe en el que relacionaban el 11-M y ETA.
Esas observaciones, que según fuentes de la investigación Mélida calificó de "auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente", establecían la posibilidad de una relación entre El Haski y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico, una sustancia de libre acceso y con usos domésticos.
El secretario general de la Policía Científica contó a Garzón que cuando Ramírez le presentó el informe, él le indicó que sus autores debían cambiarlo y que, ese mismo día, el jefe de sección le dijo que los peritos no estaban dispuestos a corregirlo y que lo que iba a hacer era reasignárselo a sí mismo, estudiarlo y realizar otro informe.
Mélida aseguró también ante Garzón que comunicó su decisión al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y que éste le dijo que no había ningún problema.
Según este mando policial, la orden de suprimir las observaciones de un informe pericial entra dentro de sus competencias y responde al "control de calidad" establecido en la Comisaría General, que sólo impide corregir los informes a nivel técnico o científico.
Mélida llegó a asegurar que haber enviado el informe al juez Juan del Olmo hubiera supuesto un "desprestigio" para la Policía Científica.
La juez Gallego, candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comenzó a investigar el caso a raíz de dos denuncias interpuestas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Plataforma España y Libertad contra los superiores de los tres peritos.
Estos fueron imputados por Garzón por un delito de falsedad antes de inhibirse en favor del Juzgado Decano de los de Madrid.


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