El PSOE no presentará a cargos relacionados con la corrupción urbanística en las próximas elecciones

Más de sesenta alcaldes y ediles sevillanos han sido imputados por la Justicia




TRINIDAD PERDIGUERO
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sevilla. Los tribunales de justicia se están convirtiendo en un escenario habitual en el que se dirimen en última instancia las decisiones más polémicas de los ayuntamientos o la confrontación entre gobierno y oposición municipales. No hay día en el que en los periódicos no aparezca un nuevo alcalde imputado, otra denuncia a la Fiscalía, una condena, más allá de los casos con especial repercusión, como los de la Costa del Sol o el de Camas.
Sólo en Sevilla y desde las últimas elecciones locales, de junio de 2003, han trascendido casi medio centenar de procesos en los que se han visto inmersos más de 60 alcaldes y concejales, que han sido imputados. La cifra se multiplica si se tiene en cuenta a empresarios, asesores o técnicos que no han pasado por las urnas, en un fenómeno que algunos atribuyen al desarrollo de la legislación y sus reglamentos que encorsetan la gestión, a la mejor formación e información de colectivos ciudadanos y partidos políticos –también los gobiernos tienen más asesores y personal técnico– o al simple afán por desgastar a un rival político cuando no se logra hacerlo por otras vías.

En Sevilla, los presuntos delitos que se han denunciado en supuesta relación con políticos municipales son diversos: hay desde agresiones, amenazas y conducta antisindical hasta acoso; los más habituales están relacionados con supuestas prevaricaciones (toma de una decisión a sabiendas de que es injusta), con 13 casos; la malversación de caudales públicos, con siete; el cohecho o soborno, como el caso Camas, la investigación abierta a cuenta de la moción de censura de Bormujos y el caso del alcalde de Las Navas; tráfico de influencias, información privilegiada y falsedad documental. También hay hasta seis denuncias relacionadas con decisiones y proyectos urbanísticos, que están casi siempre también en el resto de casos, aunque se instruyan por otros delitos.

Por poner ejemplos, en la mesa de la Fiscalía hay denuncias sobre recalificaciones de suelos o edificaciones en pueblos como La Algaba, Coria, Burguillos, Cazalla, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Las Navas de la Concepción, Guillena, Aznalcázar y Castilblanco. También se habla de intereses urbanísticos como los desencadenantes del caso Camas y la moción de censura de Bormujos, que se instruyen por cohecho. En la lista no entran los casos que se han dirimido por lo contencioso-administrativo, como la reciente anulación del PGOU de Guillena y las irregularidades contables que revisa el Tribunal de Cuentas.

Hasta 35 poblaciones de las 105 de la provincia –entre ellas la capital, con las facturas falsas del Distrito Macarena– han tenido o tienen ediles imputados. Hay ayuntamientos donde es más evidente esta judicialización, con casos diferentes instruyéndose, como en Camas –donde el alcalde y varios ex asesores y miembros de IU están imputados por una supuesta financiación ilegal del partido–; Coria –donde la Fiscalía ha denunciado al actual gobierno local, y también pide diez años de inhabilitación para el ex alcalde, del PA– y Sevilla.

Pero la política no se libra de la lentitud de la Justicia y sólo 11 alcaldes han visto cómo sus casos se han archivado o han sido absueltos en este periodo, mientras que otros siete han terminado con sentencias condenatorias. Los casos resueltos son menos de la mitad y en su mayoría se han originado en otros mandatos. En concreto, ha sido condenado como autor de una falta de lesiones y vejaciones a un vecino durante una entrega de VPO el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE); otra edil de IU implicada en estos incidentes lo fue a su vez a dos años de prisión e inhabilitación por agredir al regidor y a su hija, también concejal. El alcalde de Villaverde, el socialista Rufino Campos, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por denegar una VPO a una vecina de origen argentino. También tenía una sentencia condenatoria el alcalde popular de Almadén, José Luis Vidal, por denegar la licencia de apertura de un parque a la Junta, aunque este proceso ha sido anulado por la Audiencia, que considera que debía haber sido ella misma y no un juzgado de lo Penal el que lo juzgase.

Muy sonada ha sido la condena a un año de prisión del ex alcalde del PSOE de Salteras, Carlos Gozález-Eiris, por malos tratos a la que era su esposa, y tiene pendiente otro juicio por detención ilegal. El Supremo también ha confirmado una condena contra la primera edil de Tomares, la socialista Antonia Hierro, por conducta antisindical; los tribunales le han archivado otras denuncias de CCOO. Y condenada está la que fuera edil de IU en Camas, Mari Carmen Lobo, y el ex militante de la formación Francisco Gordo, que denunciaron después un intento de soborno. Lobo es la única que ha sido forzada a dejar su acta de concejal, después de que el Tribunal Supremo confirmara el delito de estafa procesal que cometió al falsificar el contrato de alquiler para evitar que los legítimos dueños de un piso lo ocuparan. El fallo, ajeno a su labor municipal, se dictó al poco de las elecciones y ha dado tiempo a completar los recursos.

Los otros dos alcaldes inhabilitados (el de Villaverde y el de Almadén) están en ese proceso de recursos y, previsiblemente, terminarán sin problemas los siete meses de mandato que les quedan. No resulta extraño que, aferrados a su presunción de inocencia, los concejales imputados en Camas y otros municipios se estén preparando para repetir en las listas. Si algo caracteriza a la judicialización de la política municipal sevillana es que, pese al evidente desgaste, nunca se traduce en la dimisión del cargo público imputado o condenado. Ni siquiera por esos conceptos de "higiene democrática" o de que "no sólo hay que ser honesto, sino parecerlo" a los que aluden los partidos cuando el procesado es un adversario, pero de los que se olvidan cuando lleva sus mismas siglas. Sólo ha optado por la retirada Antonio Martínez Flores, ex regidor de Mairena del Aljarafe, imputado por un presunto delito de falsedad documental junto a otro edil, por realizar arqueos falsos para cuadrar las cuentas entre 1991 y 1994, unos hechos por los que el Tribunal de Cuentas ya le ha obligado a devolver parte del dinero, en un fallo que ha recurrido. Pero el edil insiste en que su marcha fue por cansancio, nunca por verse en los tribunales.

http://www.diariodesevilla.com/diariodesevilla/articulo.asp?idart=3465077&idcat=1168

juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas, vale en las de 2008 no pero en las sucesivas si jajajajajaja me troncho con estos progres

Ya se,
como no se le habra ocurrido....
Pepe hombre (me refiero a José Blanco... pepe pa los colegis) y si presentais al abuelo de la Leti....
Que psaote eh?
Joder... joder que me dicen que ese ya no puede ser..... Pues venga hombre, a la Leti, ya veras como engorda la tia que está mu demacrada

Unas preguntitas de nada, ¿que pasará con todos los que sean acusados por corrupción y sean inocentes? ¿No hay que ir a juicio y ser condenado para ser culpable de algo?
Por favor, que la presunción de inocencia no desaparezca nunca.

Los alcaldes honrados, que puede haberlos, se encontrarán como los curas, un alcalde para varios pueblos. No hay alcaldes hontados para cubrir todos los ayuntamientos.

Si hilamos tan fino y se exigen alcaldes que no pongan la mano tendremos el mismo problema que con los curas, que hay uno para varios pueblos.
Y sería bueno ya que los sueldos que se conceden se pagarían entre varios municipios. Es un decir, saben Ustedes. No lo de un alcalde para varios pueblos sino que no cobren un sueldo de cada pueblo.

p.vasco que vengan aqui donde se han vendido espacios del publo para zonas verdes.

justificando con praticas mafiosas para hacer obras y da la casualidad que las calles de los pueblos estan en un estado lamentable.

han echo casas de 90 a 100 millones y alturas las que les aha dado la gana.

supongo que se cobrara buenas comisiones por altura que hacen.
no contentos de hacer esas casas de lujo las de alrededor las han subido de golpe y porrazo un 30%.

y todavia les abvan a presentar otra vez a la alcaldia.

es una verguenza que no se cambie de gente en el partido y se de oportunidades a otros.

quizas hay que pagar favores y no los puedan quitar.

creo que en los tiempos que corren la democracia debia ser participativa.

un comite etico de ciudadanos rotativo lo suficiente grande para no comprar voluntades.

lo del 30% anteriormente me referia que las de alrededor al ser tan caras las de al lado se suben automoticamente de valor.

tengo un alcalde lo mas de corrupto y con un transfuga peor todavia ,tienen que urbanizar mi urbanización y qreo que existe corrupción, son psc y transfuga del ciu,4.000,000 e quieren darle a unas viñas(no se presentara ja.ja.ja)