Castellano revela que un exdirectivo le propuso cobrar una indemnización y continuar

Protestas en Novagalicia
La plataforma de afectados por las preferentes, frente a una sede de Novagalicia. (EFE)
  • Declaró este viernes como testigo en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones millonarias de cuatro exdirectivos.
  • Reconoció que los 18,9 millones de euros propuestos no son cantidades "éticas" ni "razonables" teniendo en cuenta la situación de la entidad.
  • Según Anticorrupción, modificaron sus contratos de alta dirección entre octubre y diciembre de 2010 para preparar su salida

El presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, reveló este viernes que el exdirector del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, le propuso liquidar su contrato y cobrar su indemnización, sin detallarla, y pese a ello continuar en la entidad con las responsabilidades que venía ostentando.

Castellano hizo esta revelación en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por el caso de las indemnizaciones millonarias de cuatro exdirectivos.

En su intervención, aseguró que poco antes de acceder a la presidencia comunicó solo al entonces director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, que no contaba con él, ya que los inversores institucionales interesados en la entidad deseaban cambios en la dirección, por la mala situación del banco.

En cambio, fueron Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes los que le comunicaron su deseo de abandonar el grupo en un momento u otro del verano de 2011, sin que él supiera en ningún caso los finiquitos millonarios a los que tenían derecho, según fuentes jurídicas.

Los cuatro directivos cobraron 18,91 millones de euros, de los que deben devolver 7,87 millones El presidente de Novagalicia Banco consideró durante su declaración que, aunque un informe de Sagardoy Abogados avaló que la entidad debía pagarles 18,91 millones de euros, esas cantidades no son "éticas" ni "razonables" teniendo en cuenta la situación de la entidad, que fue nacionalizada en septiembre de 2011.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, aprovechando la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes modificaron sus contratos de alta dirección entre octubre y diciembre de 2010 para preparar su salida, con la que cobraron 18,91 millones de euros, de los que deben devolver 7,87 millones.

García de Paredes percibió 5,66 millones, de los que según Anticorrupción debe devolver la práctica totalidad, mientras que Pego cobró 7,73 millones y debe reintegrar 1,44 millones;  Gregorio Gorriarán se embolsó 4,83 millones y tiene que pagar 913.602 euros, y Óscar Rodríguez Estrada obtuvo 691.261 euros, de los que no le corresponden 260.940 euros.

Los cuatro fueron imputados por administración desleal o, alternativamente, por apropiación indebida, a raíz de la querella que presentó Anticorrupción contra ellos y contra el excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, en calidad de cooperador necesario.

Durante su declaración como testigo, el presidente de Novagalicia Banco explicó que su contrato carece de blindajes como los que tenían los cuatro exdirectivos, ya que le corresponde cobrar una anualidad en caso de despido.

En función de las limitaciones impuestas por el Gobierno a las remuneraciones de los gestores de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Castellano percibe actualmente 300.000 euros brutos anuales, frente a los 900.000 euros brutos que establecía inicialmente su contrato.

Tras la investigación de Anticorrupción, el grupo financiero gallego encargó un nuevo informe al despacho de abogados valenciano Broseta, en el que se ha basado para demandar ante los juzgados de lo Social a los cuatro exdirectivos.

Con la comparecencia de Castellano, el juez Ismael Moreno ha concluido la ronda de declaraciones de imputados y testigos en este caso. Ahora la instrucción continuará con otras diligencias a la espera de recibir los informes periciales del Banco de España, de la Dirección General de Seguros, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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