Las ayudas públicas a discapacitados tardan hasta cinco meses en llegar

Los certificados de discapacidad que emiten los nueve centros de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de Madrid son la única llave para que los discapacitados de la región puedan reclamar las ayudas públicas que les corresponden u optar a un puesto de trabajo adaptado a sus circunstancias.

 Pero la demora en la tramitación de tales certificados, según denuncia el sindicato UGT, está impidiendo que estas personas tengan acceso a subvenciones individuales para el transporte o a ciertos empleos. En la actualidad, según el sindicato, ese trámite tiene una espera de hasta cinco meses.

La espera hace estragos

Marimar, madre de un niño de cinco años con una minusvalía del 65%, ha sufrido en carne propia los estragos de una espera demasiado larga.

Por el certificado oficial que reconoce la discapacidad de su pequeño, que padece un retraso psicomotor y ha sido operado de una catarata congénita, recibe una ayuda de 48 euros de la mutua sanitaria a la que está adscrita, Muface.

Como el certificado de discapacidad del menor caducaba en marzo, tuvo que someterlo a otra valoración en el Centro Base 4 de Móstoles.

Tras el examen, cuya fecha se fijó para julio y luego se aplazó hasta septiembre, a Marimar le dijeron que le enviarían el informe a casa por correo.

Pero aún no ha llegado. "El resultado es que he perdido la ayuda. Son sólo 48 euros, pero le corresponden a mi hijo. El centro de Móstoles está saturado", dice Marimar.

Plan de choque

La directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela, asegura que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales es "consciente de algunas demoras en la entrega de certificados de minusvalía", pero añade que esta situación sólo se produce en el centro de Chamberí y en el de Móstoles, en donde las esperas sí llegan a los cinco meses.

Con el plan de choque que se puso en marcha el pasado mes de julio, dice Pérez, la demora en los otros siete servicios restantes es de tres meses de media, el plazo máximo que fija la ley, según la versión de la Comunidad.