La Guardia Civil ha imputado a quince responsables de residencias privadas de ancianos de Cádiz por suministrar a los residentes comida procedente de la organización benéfica Banco de Alimentos, a pesar de que pagaban hasta 1.800 euros al mes por su plaza.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado, los imputados utilizaban además las tarjetas sanitarias de 68 residentes fallecidos para retirar medicamentos y útiles sanitarios por un valor superior de 9.000 euros.

Los investigadores comprobaron que los responsables de once residencias, repartidas por toda la provincia de Cádiz, llegaron a retirar 140 toneladas de alimentos de ese Banco, que destina los productos a personas necesitadas, una condición que no tenían los residentes que, en algún caso, llegaban a pagar 1.800 euros al mes por la estancia.

La Guardia Civil, que ha acusado a los 15 imputados de delitos de estafa y usurpación del estado civil, comenzó la operación Pócima después de que los agentes tuvieran conocimiento de supuestas irregularidades en la retirada de productos sanitarios utilizando tarjetas de pacientes de residencias ya fallecidos.

Un equipo de inspección de la Junta de Andalucía y el propio Banco de Alimentos han colaborado en la investigación, que ha determinado que diez de las once residencias investigadas proporcionaban a los ancianos comida de la citada organización benéfica.