El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto ley con "medidas urgentes" para proteger a los "deudores hipotecarios" que vayan a ser desahuciados de sus casas. De momento, y a falta de acuerdo con el PSOE en el resto, el decreto se ha aprobado solo con dos medidas: la que determina a qué colectivos afecta y la creación un fondo social de viviendas para personas que se hayan quedado sin casa.

De esta forma, por el momento, se paralizarán durante dos años los lanzamientos —última fase de los desahucios— cuando afecten a una serie de colectivos especialmente vulnerables y por razones "humanitarias", de forma combinada con el umbral de renta de la unidad familiar o con sus circunstancias económicas sobrevenidas.  Esto "no afecta al proceso de ejecución hipotecaria" ni a la ley, ha asegurado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Los colectivos contemplados son:

- Familias numerosas.

- Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

- Unidad familiar que incluya un menor de tres años, algún miembro con discapacidad del 33% o un dependiente.

- Unidades familiares en las que el deudor esté en paro y se haya quedado sin prestaciones por desempleo.

- Unidad familiar con una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge "por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad" y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave.

- Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género y cuya casa, que no puede pagar, sea la vivienda habitual.

Además, deberá darse la circunstancia de que el conjunto de los ingresos para no ser desahuciado no puede superar el límite de tres veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este indicador se encuentra, según ha confirmado el ministro, en "532 euros al mes", por lo tanto, el límite estaría en 1.597 euros al mes, es decir, 19.164 euros al año. Teniendo en cuenta esta cantidad, se calcula el IPREM solo respecto a doce pagas y no a catorce, según demandaba el PSOE.

Asismismo, también podrán acogerse a este decreto las unidades familiares que hayan experimentado una "alteración significativa" de sus circunstancias económicas, es decir, "cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años"; las que tengan un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y las que estén pagando una cuota hipotecaria que supere el 50% de sus ingresos mensuales.

Por otro lado, el Gobierno establece la obligación de crear un fondo social de viviendas, "un parque de viviendas destinadas al alquiler, a precios bajos" para personas que han perdido su casa, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el tintero y para "revisión" durante el trámite parlamentario, en el que el Gobierno espera las "aportaciones" del resto de grupos, quedan las medidas relativas a los "nuevos umbrales para la aplicación del código de buenas prácticas", la mejora de la realización de las subastas, los intereses de demora, los límites en las compras de vivienda habitual o los mecanismos para evitar cláusulas abusivas, entre otras cosas.

Sobre la dación en pago y a preguntas de los periodistas, el ministro ha dicho que se trata "de una resolución de última instancia, de último recurso" que ya está incluida en el código de buenas prácticas, "que es obligatorio" para las entidades. El objetivo del decreto es que nadie "pierda su casa", ha explicado. Pero solo durante esos dos años, en los que las familias podrán quedarse en su casa "sin coste alguno", lo que supondrá "un alivio" para su economía.

La dación en pago, según el ministro, "es posible" incluirla ya en los contratos hipotecarios, lo que ocurre es que son "más caros"; De Guindos ha añadido que si se protege "en exceso al deudor", los bancos son reacios. Esta norma es una "respuesta urgente y paliativa de cara a la situación más dura de la crisis económica que vivimos", ha dicho la vicepresidencia.

El Gobierno ha admitido que no ha cuantificado el número de familias que se podrían ver afectadas por el decreto y que, además, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Hacienda, respectivamente, datos sobre el número de desahucios de primera vivienda y del nivel de renta asociado a ellos.