El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha advertido este lunes de que si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoca un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, estará dando "un golpe de Estado jurídico".

Según el ministro, esa sería "una decisión claramente ilegal, un golpe de Estado en términos jurídicos". Por este motivo, si Mas "lo convoca, el Gobierno recurrirá y el Tribunal Constitucional suspenderá el referéndum", ha afirmado.

En declaraciones a la cadena COPE, García-Margallo ha subrayado que "no hay derecho de autodeterminación, de secesión, de una parte del territorio".

Además, ha indicado que el presidente catalán incurriría en un delito de prevaricación en el caso de que convocase la consulta porque lo haría "en contra de una decisión del Tribunal Constitucional", de manera que estaría "dictando una resolución injusta a sabiendas" de que lo es.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha respondido que prohibir un referendo de autodeterminación en Cataluña sería un "golpe de Estado democrático".

"Me sorprende por parte de un ministro de Exteriores la extravagancia de sus valoraciones, pero usando el mismo lenguaje le diría que sería un golpe de Estado democrático que un pueblo que quiere ser consultado no pueda ser consultado", ha afirmado Mas en una conferencia de prensa en Barcelona.

El candidato a la reelección, que ha calificado de "especialmente graves" las declaraciones de Margallo, ha añadido que no entiende que "se pueda silenciar a un pueblo cuando quiere hablar", en el caso que así lo expresen los ciudadanos en las urnas el 25 de noviembre votando a los partidos que defienden celebrar la consulta.

Mas ha apelado al Gobierno a "leer bien el resultado de las urnas" y a emprender modificaciones en la ley para que el pueblo catalán se pueda expresar si así lo desea: "Esto sería respetar la democracia".

En el cuarto día de campaña, el líder de CiU ha llamado al Gobierno a tomar ejemplo de la negociación entre el Ejecutivo del Reino Unido y el escocés para acordar los términos de la consulta por la independencia en 2014.