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Pedro Torrejón, alcalde de Ciempozuelos: "Pido al Fiscal que investigue todo lo que tenga que investigar"

El alcalde de Ciempozuelos, investigado por la Fiscalía Anticorrupción, ha salido a los medios a ofrecer su versión de los hechos.

Torrejón, que ha presentado su dimisión a instancias de la Federación Socialista Madrileña, asegura que  quiere que "se investigue todo".

La dimisión aún no se ha hecho efectiva para "evitar un vacío de poder" pero el primer edil del municipio habla ya como ex alcalde y asegura que dimite " porque si ha habido errores sólo yo soy responsable" y para que "haya libertad absoluta en al investigación".

9 Comentarios
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Dice ser Fernando
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Dice ser Fernando, 19.10.2006 - 17.23h

Errores lo que se dice errores no ha habido. Ha habido un robo descomunal, el mayor pelotazo de la historia inmobiliaria de todos los tiempos.

Que se devuelva el dinero y si son culpables a la carcel.

Por eso no queria Simancas una comision de investigacion en la Comunidad de Madrid. Simancas sabe mucho y debe estar bastante implicado.

Por eso decia que Ciempozuelos era un ejemplo de urbanismo decente. Dios mio que bajo ha caido el PSOE, jamas los volvere a votar.

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Dice ser Diana
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Dice ser Diana, 19.10.2006 - 17.38h

En esto de la corrupcion urbanistica siempre pillan con las manos en la masa a los socialistas: Marbella, Seseña, etc. Practicamente son los unicos condenados por los tribunales, es decir culpables con todas las de la ley

Pero al PP solo se le acusa, se le difama, se le insulta, pero no hay nada ilegal, y por eso no van a juicio. Solo se les puede atacar desde los medios de comunicacion con acusaciones fantasticas del tipo "ruido de cheques" el pariente de tal, y cosas asi, pero no hay nada. Me parece injusto que se corran este tipo de noticias con la unica intencion de hacer daño, pero sin ninguna base.

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Dice ser Elsa
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Dice ser Elsa, 19.10.2006 - 18.49h

Exactamente, que se investigue todo lo que haya que investigar. Lo que parece raro es que dimita tan rápido (y sin pedírselo nadie) si no fuera porque tiene alguna implicación en el asunto.

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Dice ser No dices la verdad, lo sabes y lo sabemos los demás
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Dice ser No dices la verdad, lo sabes y lo sabemos los demás, 19.10.2006 - 19.06h

Diana:

Simplemente, mientes.

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Dice ser Que si, que si
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Dice ser Que si, que si, 19.10.2006 - 20.25h

Que razonado y concluyente el mensaje 4, ¿te lo ha dictado RUTH PORTA? ¿Tenemos que acatar tu consigna como si fuera el catecismo?

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Dice ser Pa contestar, hay que estudiar
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Dice ser Pa contestar, hay que estudiar, 19.10.2006 - 20.28h

Lo mismo te digo, Que si, que si. Muy pero que muy razonado tu comentario.
Por cierto, me lo ha dictado t.p.m.

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Dice ser DON PELAYO
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Dice ser DON PELAYO, 19.10.2006 - 20.38h

En esta gran democracia, legislatura tras legislatura los politicos van espabilando para que no les pillen "infraganti", pero no se pueden dormir en los laureles porque el tiempo del sillon dura poco y hay que darse prisa dependiendo de la cantidad que se marquen asi que todos a la "CARGA" si los ciudadanos pagan lo que se les pida y si no se les embarga y seguimos tirando palante.
Viendo el desmadre yo creo que el tamayo y su amiga se quedaron cortos, pero en fin mas vale pajaro en mano que pollo frito

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Dice ser WWW.AEDRU.ORG
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Dice ser WWW.AEDRU.ORG, 22.10.2006 - 14.22h

El magistrado del Supremo Martín Pallín propone el incremento de penas para los «funcionarios que se dejan sobornar» y los promotores que se lucran ilegalmente

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, denunció ayer en la UIMP, que «el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea». El magistrado se lamentó de las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, que no pueden ser calificadas como «delitos menores», por lo que demandó una mayor persecución para «los funcionarios que se dejan sobornar» y «los promotores que se lucran con estas actividades». En concreto, propuso incrementar las penas actuales (de dos a cuatro años) para situarlas entre los ocho y los diez.

Pallín apostó por la creación de «un organismo centralizado» que colabore en la planificación urbanística y «pueda llamar la atención e incitar a los tribunales a actuar», lo que a su juicio se podría conseguir sin vulnerar el principio de la autonomía municipal, que se utiliza como «excusa demagógica» para no ejercer un control estricto sobre este tipo de actividades. Máxime cuando se trata ya de un problema «supranacional», puesto que «el más de medio millón de ciudadanos de la UE que viven en España ya ha puesto más de 15.000 quejas al Parlamento Europeo» por la actuación de los promotores, «que se han convertido en depredadores del terreno en connivencia con los ayuntamientos».

A su juicio, y siempre «respetando absolutamente» la autonomía municipal, ésta no se puede entender como la imposibilidad de «corregir, fiscalizar o paralizar planes urbanísticos» que signifiquen una fuente de ingresos para los ayuntamientos «a costa de vulnerar la legalidad».

«Detrás de eso vienen la corrupción, los sobornos, la especulación y destrucción del hábitat», denunció Pallín al referirse a muchas de «esas fastuosas promociones inmobiliarias que no llegan al 40% de viviendas habitadas», mientras que el 60% restante pertenece a «inversores que utilizan el ladrillo para lavar el dinero negro».

En este sentido, instó a que la Justicia paralice los planes urbanísticos «hasta que se decida sobre su legalidad», y puso como ejemplo el proceso que se ha seguido en la opa de E.ON. El miembro de la Sala Segunda señaló que si este tipo de actuaciones se analizaran «en un plazo razonable de un año» la paralización no supondría ninguna dificultad para que los ayuntamientos pudieran seguir prestando sus servicios. «No se puede resolver sobre un plan urbanístico a los diez años, cuando ya está prácticamente desarrollado, y volar todo lo que está hecho», se lamentó Pallín, para quien «el urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos de los ayuntamientos».

El magistrado apoyó estas afirmaciones con el ejemplo de Marbella, que a su juicio «está completamente extendido», también en la costa del Cantábrico, de la que citó como caso más evidente la provincia de Lugo.
http://www.aedru.org/index-a.htm

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Dice ser JUAN CARLOS
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Dice ser JUAN CARLOS, 23.10.2006 - 14.01h

Pues más vale que no investiguen más, porque saldrán a la palestra nombres y empresas que harían enrojecer a todos los nativos de Ciempozuelos. Nos daríamos cuenta de la cantidad de chorizos de los que estamos rodeados.

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