Para cualquier grupo fichar por una discográfica puede ser una gran noticia, excepto si en el camino se producen desacuerdos por las cláusulas y condiciones del contrato.

Este miércoles se celebra el juicio a raíz de una demanda del grupo de rap La Excepción, cuyo cantante es Juan Manuel Montilla, El Langui, y que pretende poner contra las cuerdas a las discográficas Zona Bruta Ediciones Musicales y Warner Music, así como a editorial de música Warner Chappell, según informa Facua en un comunicado.

La Excepción, compuesta por El Langui, Gitano Antón y DJ La Dako Style, "demandó a las tres entidades por incumplimiento de contrato, reclamando la declaración de nulidad de diversas cláusulas abusivas". Entre otros términos que el grupo considera excesivos está el que contempla la cesión de los derechos de autor sobre sus obras por toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, sin que  dicho plazo aparezca de forma explícita en el contrato", asegura el contrato .

La demanda se interpuso en abril de 2008, por lo que el juicio se ha demorado 4 años y medio, durante las cuales el contrato impedía al grupo desarrollar su labor profesional en la música, como aseguraba El Langui en su cuenta de Twitter este mismo miércoles: "mi impotencia es tal q mis lágrimas se hacen patentes en mi cara. No poder dedicarme a mi profesión es algo q me supera".

Además, el cantante y actor, aseguraba que el asunto le ha apartado de la música, quizá para siempre: "No creo q me dedique ya más a la música. Me están enterrando vivo a mi y mi grupo".

Según asegura Facua, Warner alega en su defensa que los miembros del grupo han desarrollado actividades artísticas durante este plazo, "habiendo requerido durante este tiempo, tanto al grupo como a las empresas con quienes contrataban para que se abstuvieran de hacerlo".

Los derechos de autor y de los artistas son la forma mediante la cual éstos perciben la remuneración a su trabajo siendo por tanto el equivalente a sus salarios, según recuerda la asociación de consumidores.

Sin embargo, "lejos de estar protegidos por la jurisdicción social, con su especial regulación proteccionista hacia los trabajadores en cuanto a plazos y garantías, los mismos están sometidos, como cualquier empresa o persona jurídica, a los juzgados mercantiles, últimamente desbordados por los concursos de acreedores", termina el comunicado Facua.