El grupo socialista de la Diputación de Málaga ha propuesto este martes que las familias malagueñas obligadas a entregar su vivienda a los bancos o que sean objeto de ejecuciones judiciales o administrativas no tengan que pagar el impuesto municipal de plusvalías. En este sentido, los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno municipal.

Según han explicado este martes en rueda de prensa el portavoz socialista, Francisco Conejo y el diputado Javier García León, las familias que se ven forzadas a desprenderse de su vivienda por no poder afrontar el pago de los préstamos suscritos para financiarla deben además abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu), también conocido como plusvalía municipal, que se aplica a la diferencia entre el valor del suelo desde que se adquirió hasta que se enajena.

En el caso de que la familia llegue a un acuerdo con el banco para la dación en pago —entregar la vivienda a cambio de la cancelación total de la deuda hipotecaria—, los ayuntamientos tendrían que adaptar sus ordenanzas a la nueva legislación, que prevé que sea el que se queda con el inmueble, el banco, el que abone las plusvalías.

En concreto, el real decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece que con ocasión de la dación en pago de su vivienda "tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas".

Sin embargo, según Conejo, "hemos detectado que hay ayuntamientos de la provincia de Málaga que no han adaptado sus ordenanzas municipales a ese real decreto del Gobierno de España, y que le están obligando a las familias a pagar las plusvalías cuando llegan a un acuerdo para la dación en pago, aunque la ley establece que eso es ilegal en estos momentos".

Por ello, desde el grupo socialista "vamos a pedir a la Diputación Provincial que le exija a todos los ayuntamientos malagueños que estas plusvalías la tienen que pagar las entidades financieras", ha subrayado Conejo.

Por otro lado, en el caso de ejecuciones judiciales y administrativas aún no existe legislación estatal al respecto. Así, los socialistas solicitarán al Gobierno a que amplíe la medida de sustitución del impuesto de plusvalías a los casos de ejecuciones judiciales y administrativas.

Por su parte, García León ha señalado que, en definitiva, se trata de "poner en marcha medidas que alivien la situación mientras se llega a un solución global en nuestro país sobre la cuestión dramática de los desahucios".

Asimismo, ha señalado que este impuesto de plusvalías en municipios malagueños de la Costa del Sol como Marbella, Benalmádena o Fuengirola, en el caso de una vivienda de dos o tres dormitorios con unos 80 metros cuadrados y que lleve 10 años en posesión de una misma familia ronda los 5.000 euros.

Por último, Conejo ha concluido que "en el primer semestre de 2012 hemos tenido 2.055 ejecuciones hipotecarias. Si la situación se mantiene al final de 2012, más de 5.000 familias malagueñas habrán sufrido una ejecución presupuestaria. Nosotros lo que estamos planteando es que esas 5.000 familias no tenga que pagar el impuesto de plusvalías en su ayuntamiento correspondiente".