El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería acoge este martes la vista oral por la que el alcalde de Sorbas (Almería) y diputado provincial, José Fernández (PP), se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel y un total de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar presuntamente la construcción de una promoción de ocho viviendas unifamiliares sobre suelo calificado como no urbanizable en la pedanía de La Mela.

Por esta causa también están acusados, entre otros, los concejales del equipo de gobierno José Martínez y José Ramos y la exedil Ana Idañez para quienes se pide 15 meses de cárcel y nueve meses de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Según consta en el escrito de calificación, los cargos públicos concedieron por unanimidad en junta de gobierno celebrada en julio de 2005 licencia municipal de obras a la mercantil Manzana Homes SL, de la que eran administradores los también acusados David M. y Spencer H.J.F., para construir ocho viviendas unifamiliares aisladas en la pedanía de La Mela.

El fiscal señala que los cargos públicos autorizaron la obra "pese a conocer" que se promovía en suelo no urbanizable y sin que en el expediente administrativo constase el "preceptivo informe jurídico", por lo que, ahonda, "prescindieron totalmente del procedimiento legalmente establecido" al adoptar una resolución que sabían "contraria a la legislación urbanística vigente".

El citado expediente administrativo fue tramitado por el arquitecto técnico municipal Pablo Antonio L.G., quien emitió informe favorable "a sabiendas de su ilegalidad" y, con posterioridad, concretamente en 2006, también dio visto bueno para que se concediese la licencia de segregación que solicitaron los promotores para la finca aunque "conocía" que era "ilegal" ya que supone "una parcelación urbanística en terreno rústico".

La Fiscalía considera a este funcionario autor de delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación, por lo que interesa para él la misma pena de cárcel e inhabilitación que para el alcalde sorbeño, ya que, según relata en su escrito de acusación, autorizó la segregación "prescindiendo de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido" y lo hizo, además, "de forma totalmente arbitraria" ya que decidió que alrededor de una cuarta parte de la finca fuese urbanizable y el resto permaneciera como rústica.

La obra promovida por la mercantil 'Manzana Homes', que fue paralizada por orden judicial en febrero de 2007 con suspensión de licencia municipal, lleva a juicio, asimismo, al arquitecto que diseño el proyecto, Lucas Carlos C.M. y al director técnico, Pedro C.F., que se enfrentan penas de 15 meses de prisión, dos años de inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción y multa de 24 meses a razón de 12 euros al día por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

David M. y Spencer H.J.F. están acusados del mismo delito y enfrentan las mismas penas que el arquitecto y el director técnico y, al igual que ellos, han tenido que satisfacer fianzas de entre 11.520 y 24.000 euros para responder a responsabilidades pecuniarias ya que la empresa de la que eran administradores realizó contratos de compraventa de viviendas, para las que se pide demolición, pese a que tan sólo se terminó de construir una de estas sobre una finca rústica que el fiscal define como "un trozo de tierra de secano" de 8.936 metros cuadrados de extensión.

El Ayuntamiento de Sorbas (Almería) solicitó que se le asignase un abogado del turno de oficio para defender sus intereses después de que la Fiscalía dispusiese que se requiriera al Consistorio y a la mercantil implicada en los hechos, Manzana Homes SL, para depositar fianza como responsable civil subsidiario a fin de asegurar las que se pudieran derivar de la causa en caso de los acusados se declarasen insolventes.