El colectivo de trabajadores y exempleados de la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla han creado la Plataforma por los Servicios Públicos de Economía y Empleo de Sevilla 'Emergencia 35', en referencia al artículo 35 de la Constitución española que recoge el derecho al trabajo, acudirá este martes al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para pedirle que inste al Ayuntamiento de Sevilla, a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a que mantenga los servicios públicos de empleo, formación y promoción económica, dotándolos "adecuadamente en relación al aumento de la demanda experimentado en los últimos tiempos al ser un derecho constitucional".

Según el texto al que tuvo acceso Europa Press, la plataforma remitirá una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, avalada por 1.100 firmas, en la que se expone que en los últimos 20 años se han podido acceder a los diversos servicios públicos de economía y empleo, enmarcados en las políticas activas de empleo, promovidas por el Gobierno y la Junta, así como gestionadas por el Ayuntamiento de Sevilla.

"Pero desde enero de 2012, el Consistorio no ha iniciado o no dará continuidad a los programas de escuelas taller y talleres de empleo; acciones experimentales; Andalucía Orienta; Experiencias Profesionales para el Empleo; Dinamización para el empleo en Polígono Sur y Agentes Locales de Promoción de Empleo", según detalla, indicando que estos programas atienden a alrededor de 15.000 personas al año.

Así, subraya que "hoy más que nunca son esenciales" para el mantenimiento del estatus básico de ciudadanía, por lo que asegura que eliminarlos es "una vulneración grave del derecho fundamental de igualdad en el acceso al trabajo, así como un incumplimiento, por parte de la Administración, en su deber constitucional de remover los obstáculos que impidan o dificulten el pleno ejercicio de este derecho".

Por todo ello, pide a Chamizo que admita esta queja y sustancie el procedimiento necesario para instar al Ayuntamiento, a la Junta y al Gobierno a que mantengan los servicios públicos de empleo, formación y promoción económica, "dotándolos adecuadamente en relación al aumento de la demanda experimentado en los últimos tiempos, es un derecho constitucional".

La Plataforma 'Emergencia 35' se presentó oficialmente 25 de octubre en una rueda de prensa en la que alertó de la pérdida de más de un centenar de empleos y del "desmantelamiento" de toda la red de servicios públicos de atención a los desempleados de la ciudad, una situación ante la que anunciaron movilizaciones. Así, apuntaban a la "destrucción" de empleo público que genera la "inexistencia" de programas y proyectos, así como la "falta de respuesta política a las necesidades de la población desempleada de Sevilla".