IULV-CA ha expresado su apoyo a la decisión de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de buscar fórmulas de financiación alternativas a la colaboración público-privada en infraestructuras en los Presupuestos de la Junta para 2013 porque considera que esta vía supone una "onerosa hipoteca" para el ciudadano, y ha acusado al PP-A de actuar como el "brazo político de las grandes constructoras" al defender este modelo.

Así lo asegura el último boletín interno de la federación de izquierdas, titulado 'La financiación público-privada, una hipoteca muy costosa', que defiende la "racionalidad económica, social y medioambiental" que aplica Cortés a la planificación de las infraestructuras en Andalucía frente a la colaboración público-privada, en la que "al final el ciudadano es el gran pagador y la banca la ganadora".

Dicho documento, recogido por Europa Press, asegura que la fórmula de colaboración público-privada aplicada a tres tramos de las autovías Inalloz-Darro, Almanzora y Olivar que suman 91 kilómetros de longitud total "supone para las arcas públicas andaluzas una onerosa hipoteca", ya que apunta que "con esa fórmula tendrían que salir hasta 2044 casi 3.600 millones de euros de las arcas públicas, el cuádruple de lo que costaría con el pago con fondos propios, algo menos de 900 millones", lo que considera una diferencia "completamente excesiva".

En este sentido, IULV-CA considera "del todo lógico y coherente" que Cortés "se haya mantenido firme y haya anunciado que, manteniendo el compromiso de la Junta con estas infraestructuras, está buscando fórmulas de financiación más adecuadas" porque la Consejería de Fomento, "en plena crisis y con un horizonte financiero incierto, está estableciendo sus prioridades en función de criterios social, económica y medioambientalmente sostenibles, apostando por la inversión en vivienda y en transporte público colectivo".

"El PP-A, brazo político de las grandes constructoras, defiende esta fórmula de colaboración público privada con el mismo encono con el que el Gobierno central asfixia las cuentas andaluzas, y a la vez, en un increíble ejercicio de cinismo, pide a las administraciones que hagan "como buenos padres de familia y no gasten más de lo que tienen", añade el documento, que pregunta al PP-A si "lo que entiende por austeridad es pagar 3.600 millones de euros por 91 kilómetros justo ahora que, en plena crisis, están cayendo los desplazamientos por carretera".

Según subraya, esos "casi 3.600 millones de coste final para la Consejería de Fomento y Vivienda de estos tres tramos equivalen a algo más de un tercio del presupuesto anual previsto por el Ministerio de Fomento para los próximos años en todas sus políticas y en el conjunto del territorio español, de acuerdo a la previsión económica del Gobierno", lo que califica como "absolutamente desproporcionado".

Tras recordar que Andalucía tiene una ratio de autovías por habitante "mayor que la media europea y que países como Alemania y Francia, con tasas de desempleo mucho más bajas", IULV-CA sostiene que "el único agente que gana con esta fórmula de financiación y sus requisitos son, cómo no, las entidades financieras que deben aportar los créditos a las concesionarias u operadores, con unas condiciones y costes financieros cada vez más cuantiosos, que revierten al final en el pago de la administración al concesionario: es decir, en el contribuyente".

"El ciudadano es al final el gran pagador de este modelo. Y la ganadora, la banca. Porque en el actual contexto económico, tanto desde el punto de vista de las mayores exigencias en materia de restricciones presupuestarias a corto-medio plazo, como desde la óptica de las actuales condiciones del mercado financiero (crédito cerrado o con intereses elevados), la fórmula de colaboración público-privada ofrece más desventajas que ventajas", subraya el boletín interno de IULV-CA, que concluye que "no es una fórmula complicada sólo para la Administración, sino también para las empresas, sobre todo para las medianas y pequeñas, que quedan totalmente fuera de juego".