El juicio por la quiebra de la Cooperativa de Monte, que ha arracado este lunes, ha quedado suspendido hasta mañana, martes, para que la Sala de la Sección Tercera analice la legitimidad de dicha sociedad para ejercer acciones civiles y penales tras haber vendido sus activos un año antes de iniciarse este proceso judicial.

Ha sido el abogado del principal acusado, el que fue consejero delegado de la Cooperativa de Monte desde 1985, José Ramón G.F., el que ha planteado esta cuestión en la primera jornada del juicio, defendiendo que la Cooperativa de Monte vendió el 13 de febrero de 2008 al Banco Santander sus activos, que ese mismo día fueron, a su vez, adquiridos por la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP) Cantabria por 8,4 millones de euros, por lo que, a su juicio, carece de legitimidad civil y penal en este proceso.

Según ha planteado, debería de ser CEP Cantabria quien lo reclame al ser poseedor de los activos de la Cooperativa.

En este juicio, que se retomará este martes, a partir de las 10.00 horas, al principal acusado se le imputa pagar, con cargo a la cuenta que ésta tenía en el BBVA, facturas y recibos de clientes a sabiendas de que en las cuentas que éstos tenían en la Cooperativa no había saldo.

Además, se le acusa de ocultar esta situación, falseando las cifras que presentaba al Consejo Rector. En concreto, en 2004 presentó un balance de tesorería de 10,7 millones de euros, cuando realmente había 5 millones, y en la partida de deudores hizo constar 5 millones de euros cuando la cifra real ascendía a 8,8 millones.

También se sentarán en el banquillo otros seis acusados que eran clientes de la Cooperativa y que, pese a no tener saldo en sus cuentas, recibieron 13,8 millones de euros de la entidad.

El Ministerio Fiscal imputa al consejero delegado de la Cooperativa de Monte un delito de apropiación indebida y dos delitos societarios -por falsear las cuentas y por disponer de los bienes de la sociedad-, por lo que solicita una condena de 13 años de cárcel y 14.400 euros de multa.

Al resto de los acusados el Ministerio Público imputa un delito de apropiación indebida y las condenas son de siete años de prisión y 7.800 euros de multa para el cliente de la Cooperativa que presuntamente se apropió de 11 millones de euros, y seis años de cárcel y 7.200 euros de multa para los otros cinco imputados.

Los siete imputados en la causa penal que se abrió por la quiebra de la Cooperativa de Monte y está previsto que el juicio se celebre, en principio, en 14 sesiones que se prolongarían hasta el 27 de noviembre, si bien no se descarta un acuerdo entre las partes.

Son seis las acusaciones particulares y 35 los testigos llamados a declarar ante el tribunal.