Los empresarios mayoristas del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, han concertado para este lunes a las 12,00 horas una reunión con la directiva de esta sociedad mixta, a fin de analizar el calendario de huelgas aprobado recientemente por la asamblea de trabajadores. Los paros técnicos responden a los numerosos conflictos laborales que sacuden a la empresa, sobre todo el desencadenado al promover la compañía la liberalización de los servicios que los trabajadores prestan en la lonja de pescado.

Como se ha informado, la asamblea de trabajadores de esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa ha acordado un calendario de huelga que arranca el 13 de noviembre para continuar al día siguiente con la huelga general convocada por CCOO y UGT, el 30 de noviembre y además el 1 de enero. A partir de la Navidad, el paro técnico será sencillamente indefinido a menos que medien soluciones.

Dado el caso, y según han informado a Europa Press fuentes de la patronal de Mercasevilla, el colectivo de empresarios mayoristas prevé celebrar una reunión este lunes con la directiva de la compañía al objeto de analizar el posible impacto de la convocatoria de huelga y las medidas a adoptar.

La liberalización de servicios

Como es sabido, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, promueve la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 miembros de la plantilla.

Esta iniciativa parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El pronunciamiento del parlamento europeo

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resolución definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación.