El pleno del Senado ha aprobado la reforma de la ley del menor , de cuya aplicación han quedado excluidos los jóvenes de entre 18 y 21 años, como proponía inicialmente el texto del Gobierno y en contra de lo que posteriormente se acordó en el Congreso.
Para el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, esta vuelta a la posición del Gobierno permitirá no sobrecargar el sistema para los menores.
La exclusión dea los jóvenes de esa franja de edad del ámbito de aplicación llega tras una transacción entre enmiendas del PP y la Entesa, cuyos portavoces remitieron un deseable tratamiento diferenciado para estas edades a una futura reforma de la Ley General Penitenciaria o del propio Código Penal.
Un texto mejorado
El texto, que reforma la ley de responsabilidad del menor de 2000, obtuvo en conjunto en el Senado el respaldo de todos los grupos, salvo el PP -que apoyó algunos aspectos- y los senadores de IU y EA mixto, mientras que fuerzas políticas como la Entesa, CiU o el PNV fueron críticas pero votaron a favor del dictamen al apreciar en él mejoras respecto a la situación anterior.
Disparidad de criterios
Lo aprobado es, según la senadora socialista María Antonia Martínez, el resultado de "llegar hasta donde podíamos llegar", ya que destacó la disparidad de criterios entre los grupos parlamentarios plasmada en sus enmiendas.
Para el PP considera que la nueva ley "nace coja y nace mal" porque no da respuesta efectiva al mandato parlamentario de sancionar "con más firmeza y eficacia" los delitos cometidos por menores.
Sin embargo, el resto de los grupos entienden que la reforma es excesivamente punitiva y cuestionan el endurecimiento de penas que prevé para los delitos más graves.
En lo que sí hay acuerdo entre todos los grupos es en la preocupación por la financiación de la ley, cuestión que determinará su verdadera eficacia y que el PSOE cree que quedará resuelta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Endurecimiento de penas
La portavoz socialista quiso situar el debate sobre el endurecimiento de las penas al recordar que de las 63.074 medidas impuestas por los jueces de menores en los primeros cinco años de aplicación de la ley, sólo el 5,7% lo fueron de internamiento y destacó que existen numerosas alternativas al mismo.
Por su parte, el senador del PP Carlos Gutiérrez lamentó que, habiendo consenso en los principios inspiradores de la ley, el acuerdo no sea posible en las respuestas e instó al grupo que sostiene al Ejecutivo ha adquirir en breve un compromiso para garantizar la financiación de las medidas que prevé la Ley.
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