Los cuatro jóvenes de 14 años tendrán que esperar al menos dos meses para saber qué va a pasar con ellos. Mientras los psicólogos de la Fiscalía elaboran un informe sobre ellos, estarán al cuidado de sus padres sin ninguna medida cautelar. Una vez terminado este informe se decidirá si van a juicio o no. En caso afirmativo, serían acusados de un delito de daños y podrían ser penalizados con libertad vigilada o prestaciones sociales.

El reformatorio sería una posibilidad «demasiado remota», según el fiscal de Menores Carlos Sancho. Puede que no lleguen a ser juzgados, «ya que no son conflictivos y ha sido un hecho puntual», destacó Sancho. Los padres asumirán las pérdidas. «Les hemos advertido de que los daños son elevados y hay que pagarlos», añadió.