Se le acusa de haber comprado votos a cambio de puestos de trabajo en las últimas elecciones municipales, en 2003.
La Audiencia ha desestimado un recurso que presentó la acusada. La edil dice que estas acusaciones son una «persecución» de quienes se quieren vengar de ella por no obtener un puesto de trabajo.
Según Izquierda Unida, partido que denunció el caso, las supuestas actuaciones de Sánchez pueden haberle costado al Ayuntamiento de Fortuna 300.000 euros. Y pide que los pague.


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