Cerca de 10.000 familias canarias residen en viviendas sociales

Un total de 9.583 familias canarias, en su mayoría familias monoparentales integradas por una mujer e hijos, siempre con ingresos inferiores a los 11.000 euros (1,5 veces el IPREM), perciben una subvención del Gobierno de Canarias para pagar el alquiler de la vivienda protegida de promoción pública en la que residen en régimen de alquiler.

Un total de 9.583 familias canarias, en su mayoría familias monoparentales integradas por una mujer e hijos, siempre con ingresos inferiores a los 11.000 euros (1,5 veces el IPREM), perciben una subvención del Gobierno de Canarias para pagar el alquiler de la vivienda protegida de promoción pública en la que residen en régimen de alquiler.

La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha explicado que esto supone que en el año 2012, el Ejecutivo abona en concepto de ayudas al alquiler de viviendas sociales más de 18 millones de euros, ayuda que permite a las familias con más dificultades económicas y sociales optar a una vivienda pagando un alquiler que oscila entre los 2 y 90 euros mensuales de media, dependiendo de los ingresos y del número de dormitorios del inmueble.

"Se trata de una política de vivienda única en el Estado, con un marcado carácter social, ya que además de facilitarles una vivienda, cuando sus ingresos son muy, muy escasos, les ayudamos con una subvención que puede alcanzar hasta el 99% de la mensualidad", indicó la consejera.

Rojas ha apuntado que esta ayuda es "de gran utilidad" para las familias que en la situación actual de desempleo, y con muy escasos ingresos, no podrían acceder a una vivienda en el mercado libre, ya que la normativa canaria contempla que no tengan que abonar más del 12% de sus ingresos y, en concretas circunstancias, que la cantidad a abonar sea meramente simbólica.

La consejera ha añadido que el Gobierno ha modificado la normativa que regula el Plan para permitir que las familias que no hayan renovado esta ayuda en los tiempos legales establecidos lo puedan hacer con carácter retroactivo y con efectos hasta enero de 2001.

"Se trata de una medida de alto contenido social, más aún en la situación económica actual y que para las familias más desfavorecidas o a las que le ha sobrevenido una situación de desempleo imprevista, les resuelve la necesidad de acceso a la vivienda", concluyó Rojas.

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