La Cámara de Cuentas de Andalucía ha hecho público su informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2010, donde detecta la existencia de "un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa" en la concesión de ayudas a empresas.

El ente fiscalizador comenzó los procedimientos para iniciar la fiscalización de los ERE el 22 de junio de 2011, con la aprobación unánime por parte del pleno de la Cámara de Cuentas. Según el resumen del informe, consultado por Europa Press, el ente fiscalizador alude a "irregularidades" e "incumplimientos" de la normativa vigente, al "no establecerse requisitos para ser beneficiarios" de tales ayudas.

Además, se apunta que se han otorgado ayudas a empresas y personas "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido".

El informe precisa que, según los datos ofrecidos por los distintos sistemas de gestión e información presupuestaria, los importes de los pagos directamente vinculados a las ayudas sociolaborales, realizados con cargo al programa 31L durante el periodo fiscalizado, han ascendido a 721.715.193 euros.

Entre las conclusiones obtenidas tras el análisis al programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo, entre 2001 a 2010, se apunta que "hasta la publicación de una orden en 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias del consejero de Empleo a favor del director general de Trabajo y Seguridad Social para la concesión de las subvenciones y ayudas".

El ente fiscalizador indica que las ayudas se han analizado "desde la perspectiva de las subvenciones excepcionales, al no disponer de bases reguladoras ni convocatoria pública", aunque apunta que "no ha quedado acreditado en las ayudas a empresas las razones de interés social o económico". Agrega que en el periodo analizado se ha comprobado la existencia de "bases reguladoras de líneas de ayudas aprobadas por otras consejerías para fines similares".

La Cámara de Cuentas considera que "aun admitiendo el carácter excepcional de las ayudas con cargo al programa 31L, su permanencia en el tiempo y reiteración en su concesión hubieran justificado su tramitación a través de un procedimiento reglado". En ese sentido, considera que se ha realizado un "uso inadecuado" de esta figura como procedimiento para tramitar las ayudas concedidas, lo que ha supuesto "una ausencia de fiscalización previa", la contracción de compromisos de gastos plurianuales "sin articular expedientes de tal naturaleza" o la asunción de compromisos de gastos "al margen de la cobertura plurianual, que ha dado lugar al incumplimiento reiterado de los calendarios de pago".

Ayudas sociolaborales

El informe apunta que la Consejería de Empleo "no realizó el diseño previo de las ayudas; así no se establecieron los requisitos exigidos para ser beneficiarios, los criterios para aceptar o rechazar solicitudes, los plazos de ejecución, ni las actuaciones posteriores encaminadas a la justificación del cumplimiento de las finalidades y del empleo de los fondos otorgados".

Con respecto a las ayudas sociolaborales, el procedimiento seguido en su concesión "se ha llevado a cabo al margen de la legislación", aunque apunta que "no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la Administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad y condiciones".

Además, durante el trabajo de campo se comprobó que los gastos externos o de comisiones incluidos en la prima de riesgo financiada "han resultado superiores a la media del mercado", lo que ha dado lugar a la suspensión de los pagos hasta justificar lo abonado.

La Cámara de Cuentas recuerda que de estas situaciones podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas, al igual que ocurre con las ayudas a empresas.

Ayudas a empresas

En las ayudas a empresas, hasta 2010 se han otorgado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido", según el informe, apunta que "ni se ha exigido por la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario, el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la correcta aplicación de los fondos".

Considera que la calificación de estas ayudas como subvención excepcional "ha dado lugar a un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público".

Asimismo, el informe apunta que desde 2001, los informes de control financiero permanente "denotan incumplimientos y conclusiones en relación con la tramitación como transferencias de financiación de los expedientes; así como el incumplimiento de la normativa al conceder subvenciones excepcionales prescindiendo del procedimiento establecido".

Papel de la intervención

Con motivo del control financiero efectuado al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente IDEA, la Intervención General de la Junta elaboró un informe adicional al informe definitivo de cumplimiento de IDEA, ejercicio 2009, dirigido a la Consejería de Empleo, ya que en el control referido y al igual que en informes precedentes, se pusieron de manifiesto "deficiencias en procedimientos de gestión de gastos que, si bien incluyen la participación de IDEA, competen a Empleo".

De esta forma, la Intervención debía emitir informe en aquellos casos que los responsables de la gestión no adoptaran las medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas. Este informe se remite al titular de la Consejería de que dependa la empresa analizada y al de la Consejería de Economía y Hacienda. En caso de conformidad, las empresas darían cumplimiento a las recomendaciones, y si hubiera disconformidad, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención, sometería las actuaciones a consideración del Consejo de Gobierno.

En ese sentido, considera que la ausencia de informe de actuación "puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

El informe ha recordado que en 2011 la Consejería de Empleo acordó iniciar la revisión de oficio sobre las ayudas otorgadas con cargo al programa 31L, pagadas a través de IFA/IDEA, a favor de empresas y ayuntamientos; y también sobre pagos realizados directamente por la Administración en concepto de retribución por servicios de asesoramiento.

La Cámara de Cuentas ha indicado que la Consejería de Empleo ha llevado a cabo un proceso que ha culminado con "la decisión de no revisar de oficio los actos de concesión de ayudas sociolaborales, otorgados a aquellos beneficiarios que cumplían con los requisitos".

Un total de 126

Intrusos que recibieron 12,3 MILLONES

Precisa que a 7 de mayo de 2012, la Consejería de Empleo ha iniciado procedimientos contradictorios a 323 personas para "verificar las irregularidades inicialmente advertidas y resolver sobre la improcedencia de las ayudas".

De este colectivo, la Administración ha acreditado la existencia de 126 personas que no tenían derecho a obtener ayudas, que habían percibido 12.341.054,61 euros. Empleo ha iniciado 99 expedientes de reintegro, por importe de 11.200.117,07 euros.

Asimismo, en materia de ayudas a empresas, a 4 de mayo de 2012 se han iniciado 189 procedimientos de revisión de oficio, en atención a las deficiencias, de forma que los compromisos que podrían considerarse asumidos por la Administración ascienden a 141.053.380,84 euros, de los cuales se han pagado 73.881.619,88 euros.