Decenas de mujeres de todas las comarcas gallegas —unas cien según el Sindicato Labrego Galego— han denunciado ante el Parlamento de Galicia un "empobrecimiento generalizado de las explotaciones agrarias" y una "bajada continua de las cotizaciones" debido al "aumento de los costes de producción o de la Seguridad Social".

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración de las trabajadoras del sector agrario gallego, la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, ha señalado que "a este empobrecimiento" de todo el sector "contribuye la existencia de las pensiones más bajas del sistema".

"Costes como la Seguridad Social son muy difíciles de asumir para los titulares de las explotaciones, y cada vez más mujeres tienen que dejar de cotizar porque no tienen dinero para hacer frente a este pago", ha asegurado Isabel Vilalba antes de señalar que este hecho "tendrá consecuencias aún más graves en el futuro".

A estas cuestiones, a su juicio, "se suman" la aparición de "gastos que antes no tenían que asumir los trabajadores del rural debido a los recortes en servicios públicos" como "el pago del transporte sanitario de personas enfermas o de los fármacos".

Esta situación, ha explicado la secretaria xeral del SLG "fueron analizadas en el Encontro Anual da Secretaría das Mulleres que el sindicato celebró este fin de semana" y que, ha indicado, "culmina con esta concentración". En el, además, la organización ha escogido a una ganadera de Teixeiro, María Fernández, como responsable de la Secretaría de Mulleres para el futuro.

"labregas cultivando futurto"

Precisamente, bajo el lema 'Labregas cultivando futuro', las participantes en la concentración han leído un manifiesto en el que han reivindicado los derechos de la mujer en el sector agrario así como el "fin de los recortes" que afectan de forma "especial" al rural gallego.

En este sentido, han calificado de "ilegítima" la deuda pública a la que este año, conforme han denunciado, el Gobierno destinará "un total de 34.000 millones de euros para cubrir los desastres de las inversiones financieras y las especulaciones".

"Para hacer frente a esta deuda se atenta contra los derechos de los pueblos y se "va a retraer aún más la sanidad, la educación o los servicios sociales", han augurado antes de poner como ejemplo "el actual desmantelamiento de los colegios en las zonas rurales de Lugo o Ourense con menos profesores y un aumento del número de alumnos por aula".

Además, han exigido la aplicación de "precios dignos que remuneren el trabajo del sector" y la "aplicación inmediata de la ley de titularidad compartida" en las explotaciones gallegas.