Los padres de Cristina Martín de la Sierra, la menor de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), van a interponer un recurso al Tribunal Supremo (TS) después de que el Gobierno les haya negado una indemnización por la muerte de su hija.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa María Ponte, la abogada de la familia, que ha explicado que el Consejo de Ministros ha informado a los padres de que rechaza la indemnización y que el Estado con esta medida no incumple la normativa comunitaria en la ley de ayuda a víctimas de delitos violentos.

"Los padres de Cristina y de cualquier menor asesinado no tienen derecho más que a los pagos del entierro de su hijo", ha señalado Ponte en compañía de Francisco y Pilar, los padres de la menor asesinada.

La familia de Cristina presentó al Consejo de Ministros una reclamación porque consideran que el Estado no cumple la legislación comunitaria en materia de protección de víctimas de delitos violentos.

En opinión de la abogada, las familias de los menores víctimas de delitos violentos en España "están olvidadas y mal protegidas", ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica por parte del Estado para ellas y solo contempla la ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la unidad familiar.