El Parlamento de Extremadura instará al Gobierno regional a facilitar a la población inmigrante "algún tipo de tarjeta provisional u otro documento identificativo, temporal y renovable" que les garantice la cobertura sanitaria en la región extremeña.

Así se ha acordado por unanimidad en el pleno del Parlamento de Extremadura, en el que se ha aprobado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios, una Propuesta de Impulso presentada por IU para que la Asamblea inste el Ejecutivo extremeño a poner en marcha este documento.

En la justificación de la Propuesta de Impulso, el portavoz del Grupo Parlamentario de IU-V-Siex, Pedro Escobar, ha considerado esta petición como "un derecho humano fundamental" que "en Extremadura no se puede quedar a un grupo, por muy pequeño que sea, sin tener garantizado este derecho" sanitario, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"No hay razones económicas de ningún tipo", ha aseverado Pedro Escobar, quien ha añadido que incluso "es una medida de protección", porque "el perder la asistencia sanitaria que permite detectar algún tipo de enfermedad infecciosa, acarrearía un problema más grande", por que ha reclamado esta asistencia "aunque sólo sea por defensa propia".

Así, ha alertado Escobar de que este problema "puede ser especialmente grave y doloroso" si se reduce la asistencia sanitaria a menores de edad, por lo que ha aseverado que "por razones humanitarias, económicas y de defensa, es necesario que ese servicio se preste", ha aseverado.

Escobar ha instado al Ejecutivo regional a idear la "manera técnica" para llevar a cabo este sistema, ya sea a través de "una cartilla o una tarjeta renovable o revisable", pero con el objetivo de que no se produzca "ningún caso de desatención que pueda provocar un daño personal".

Medida contraria a la salud pública,

Dice el psoe

Por su parte, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la palabra la diputada Emilia Guijarro, quien ha mostrado su apoyo a esta iniciativa de Izquierda Unida, contra esta medida del Gobierno central que a su juicio es "contraria a salud pública, que se basa en el control de toda la población, sin ningún tipo de exclusión".

Y es que, según ha aseverado Guijarro, "desde el día 1 de septiembre, 1.200 inmigrantes sin papeles están sin cobertura sanitaria regularizada" en la región extremeña, a las que "se les exigirá un pago de una cantidad para su atención sanitaria, que seguramente por sus condiciones económicas precarias no puedan afrontar".

Por tanto, ha tachado de "injusticia social" esta medida del Gobierno de Rajoy, "que clama contra la convención de los derechos humanos", ya que supone que "el que pueda pagar su salud, que se la pague".

Guijarro ha recordado que "esto no es nuevo" ya que el pasado 6 de septiembre fue aprobado por la mayoría de los diputados del Parlamento extremeño una Propuesta de Impulso en la que se solicitaba la prestación de asistencia sanitaria a la población inmigrante irregular, y lamentado que el Gobierno extremeño "hasta la fecha ha hecho caso omiso" a este mandato de la Asamblea.

El pp insta a acabar con la demagogia

Finalmente, la diputada del Grupo Popular Francisca Rosa, también ha anunciado el voto de su partido a favor de esta iniciativa, y ha aseverado que pueden tener "la absoluta tranquilidad de que todos los extranjeros que estén en situación regular o irregular en nuestra región, están siendo atendidos" en el sistema sanitario público.

Francisca Rosa ha querido aclarar, ante la "demagogia" que existe en torno a esta cuestión y que ha "creado una alarma social innecesaria", que al hablar de extranjeros irregulares, no solo se refiere a los que han llegado a España en patera o en camiones y "sin papeles", sino a un segundo grupo que "sobreviven en situación irregular" en el país y "están en situación económica de pagar sus impuestos".

Son personas que "no contribuyen a la Seguridad Social pero sí consumen servicios que con mucho esfuerzo pagan los españoles y los extranjeros regulares", ha explicado Francisca Rosa, quien ha instado por tanto a "no caer en el error de ver a todos los extranjeros irregulares como seres vulnerables", y a no "caer en un paternalismo excesivo", sino que tienen "todos los derechos y obligaciones" del resto de ciudadanos.

Finalmente, ha aseverado la diputada del PP que "no es solamente una cuestión de humanidad, que también lo es, sino una cuestión de legalidad".