Un grupo de siete jueces ha elaborado un informe crítico con la ejecución de los desahucios en España, que señala la "mala praxis de las entidades bancarias" y propone agilizar este tipo de procedimientos civiles. El documento será estudiado este miércoles por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque es posible que el pleno no adopte ninguna decisión al respecto.

El grupo de trabajo que ha dado forma al texto, compuesto por seis magistrados de la jurisdicción civil y dirigido por el vocal Manuel Almenar, habla de "drama social" y propone, además, que se "extienda" al cliente "sobreendeudado" -siempre que lo sea de buena fe- una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado.

"En otro caso", explican los jueces, "el deudor se verá abocado a la ruina, a la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional o lo que es peor, su vivienda habitual". "Se trataría de buscar una solución equilibrada que evite la exclusión social y distribuya equitativamente las consecuencias de la crisis económica", indica el texto.

Los desahucios aumentaron en el segundo trimestre de este año un 13,4% con respecto a 2011. El informe insinúa que debería haber "una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los prestamos hipotecarios".

Por otro lado, los jueces proponen limitaciones a la justicia gratuita y a la actuación del procurador en vistas y juicios o la supresión de la intervención preceptiva de abogado y procurador en los juicios de desahucios para agilizarlos y abaratar costes.

Los seis magistrados recuerdan que el juicio de desahucio, "cuya tramitación es muy simple, no ha requerido históricamente representación y defensa técnicas", lo que no ocasionaba "ningún tipo de problema al estar limitados los medios de prueba exclusivamente a la acreditación del pago".

Esto fue así hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2000, que "al establecer nuevas reglas para el cálculo de la cuantía en los juicios de desahucio" hizo preceptiva la representación de un procurador y un letrado, "lo que ha encarecido notablemente el juicio de desahucio a pesar de su extrema sencillez".

Por ello creen que convendría "el ofrecimiento de impresos normalizados" y "subsidiariamente" la supresión de la representación y defensa técnica "como sucede en los procesos monitorios".

Sobre la justicia gratuita, observan que la absoluta gratuidad con la que litiga aquel al que se le ha reconocido ese derecho y se ve exento del pago en costas en el caso de ver desestimada su demanda, constituye "un aliciente para el mantenimiento de oposiciones infundadas".

Para evitar esa circunstancia proponen que las partes que gozan del derecho a la justicia gratuita asuman el riesgo de la desestimación de su pretensión.