El Acuerdo de Paz y Responsabilidad de Darfur, que aprobó el Congreso el mes pasado con un amplio apoyo bipartidista, congela los activos de los supuestos cómplices de atrocidades y les niega la entrada a Estados Unidos.
Además impulsa a Washington a negar al gobierno de Sudán el acceso a los ingresos petroleros.
Unas 200.000 personas han muerto y hasta 2,5 millones han sido desplazadas por el conflicto de 3 años de duración en Darfur, que Bush ha llamado genocidio.
Sudán se ha resistido a la presión internacional para permitir que unos 20.000 efectivos de la ONU reemplacen a la fuerza de 7.000 efectivos de la Unión Africana, que no tiene suficientes fondos y está mal equipada.
Las firmas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios en Sudán desde 1997.
Además de firmar la ley, Bush también firmó una orden ejecutiva que mantiene las sanciones existentes, pero alivia algunas partes del sur de Sudán e incluye excepciones para facilitar la ayuda humanitaria en Darfur.
Pero la orden endurece algunas de las sanciones, incluyendo una provisión que prohíbe a todo estadounidense involucrarse en transacciones relacionadas con el petróleo en Sudán. *.
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