El suicidio de una española despierta las críticas a la política carcelaria peruana

El Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) responsabilizó este jueves a la directora del penal de mujeres de Chorrillos, en Lima, del supuesto suicidio de una ciudadana española que estaba presa en esa cárcel por tráfico de drogas.

En un comunicado, el CIDDH aseguró que la española T.I.F., natural de Castellón de la Plana y encontrada muerta en su celda el pasado jueves, "tenía ya el antecedente de un cuadro depresivo y el día 12 de octubre efectuó un primer intento de quitarse la vida". "La respuesta de la Directora del Penal de Chorrillos, María del Pilar Urquiaga - según el comunicado - fue castigarla y encerrarla en su celda, lo que habría catapultado su suicidio posterior".

La organización señaló que en las últimas semanas el Instituto Nacional Penitenciario, del que depende entre otros el penal de Chorrillos, "ha llevado a cabo una política de traslados de internas mujeres, con el objetivo formal de reducir el hacinamiento carcelario".

Sin embargo, señaló que estos movimientos también se debieron a que el 8 de septiembre pasado un medio de comunicación extranjero publicó una entrevista "a una reclusa por terrorismo", en alusión a Elena Iparraguirre, la número dos de Sendero Luminoso y esposa del fundador preso de ese grupo terrorista, Abimael Guzmán.

Esto "habría enfurecido a las autoridades peruanas, que habrían tomado represalias generales contra las internas de los penales femeninos de Lima, frente a lo cual el CIDDH se ha manifestado de forma pública", indicó el comunicado.

La organización lamentó que este proceso de traslado haya "sido realizado de forma selectiva y discriminatoria contra las mujeres recluidas en el país" y de "una manera intempestiva, descoordinada, con engaños, maltrato y, en algunos casos, de forma contradictoria". Esto llevó, según la organización, a que se mezclaran "personas de distinto régimen en un mismo recinto, o, poniendo a personas con cadena perpetua en recintos de mínima seguridad".

El Cónsul General español en Perú, Andrés Collado, informó de que la ciudadana española será incinerada en Lima y sus restos llevados de regreso por sus padres a su tierra natal, Castellón de la Plana. El cónsul confirmó que la causa de muerte que consta en el parte carcelario es "asfixia por ahogamiento" y que la directora del penal se ha entrevistado con los padres de la joven.

Más de 200 españoles presos

Añadió que entre las afectadas hay 750 presas, 107 de ellas extranjeras, en su gran mayoría por delitos de tráfico de drogas, que ahora "se encuentran a 2 horas de Lima, con dificultades básicas para tener contacto con sus consulados, abogados y por supuesto, familiares y en condiciones logísticas incluso peores a las que tenían en Lima".

De los 260 españoles presos, 47 son mujeres

"En ese contexto, el 14 de octubre se produjo el suicidio de una ciudadana española", afirma la ONG en el comunicado, precisando que en julio 2012 había 1.527 extranjeros presos en cárceles peruanas, lo que constituye el 3% de la población penal del país. De ellos, 260 son españoles, y de esta nacionalidad 47 mujeres, en su gran mayoría por delitos de tráfico de drogas.

El Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos consideró que esta situación "constituye un error, así como una franca violación a los estándares internacionales de tratamiento a los reclusos".

Andrés Collado subrayó las buenas relaciones que existen entre el consulado español y el INPE peruano y que las afirmaciones del CIDDH son apreciaciones sobre las que no puede opinar. En su momento, el INPE señaló que ha dispuesto la investigación del caso "para identificar posibles responsabilidades" y expresó "sus más sinceras condolencias a la familia de la interna".

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