El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha avanzado este jueves que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando.

Cosidó ha asegurado este jueves, durante unas jornadas en Madrid organizadas por los sindicatos CSI-F, CEP y CESI, que "se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que se encuentren "en el ejercicio de sus funciones".  

El director general de la Policía ha opinado que con esta y otras medidas, que se enmarcarían en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se busca establecer las medidas "más adecuadas" para "facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones violentas".

"En términos generales, se busca establecer las medidas más adecuadas para facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente en cuanto a la integridad física de las personas que puedan ser amenazadas, así como la conservación de bienes públicos o privados o ante situaciones de acción violenta o especial alteración del orden público", ha explicado.

En las jornadas, el director general ha valorado como un "problema que se deriva de estos tiempos complicados" el "incremento de la violencia contra la Policía en momentos puntuales de agitación".

Tras poner como ejemplo manifestaciones como las del aniversario del 15-M o las protestas mineras en Madrid y Asturias, ha remarcado que "este fenómeno aumenta considerablemente la dificultad del desarrollo profesional en tanto que la integridad física de los agentes puede verse comprometida y dañada". Cosidó ha señalado que se trata de "un avance en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y solidaria".

El Ministerio del Interior ha explicado poco después que la propuesta de Cosidó se encuentra aún en fase de estudio y que su objetivo no sería impedir que se graben imágenes o se tomen fotografías en manifestaciones realizadas en la vía pública.

Fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se han referido como supuestos en los que sí se podría aplicar esta cuestión a aquellos casos en los que la presencia de cámaras de televisión pudiesen poner en peligro el desarrollo de una operación policial o una detención. También la toma de imágenes que supusieran un riesgo para la integridad física de los agentes o para su honor, han añadido las mismas fuentes.

En ese sentido, desde el Ministerio insisten en que la medida, aún en fase iniciaría, no pretende limitar el derecho de la libertad de expresión o información y que tampoco impediría la toma de imágenes en concentraciones.

El propio Cosidó, antes de recibir en la embajada de Colombia una condecoración de la Policía Nacional de ese país por los "servicios distinguidos" de su homóloga española, ha explicado que se hará "con absoluto equilibrio a un principio fundamental del ordenamiento democrático, que es la libertad de expresión y el derecho a la información". Y ha añadido: "Cualquier regulación tendrá muy claro que estos son principios básicos y fundamentales".

"Se trata de evitar, como estamos viendo en ocasiones, que, por ejemplo, en las redes sociales o en Internet aparezcan imágenes de policías con amenazas, identificándoles y, a veces, amenazando también a sus familias". Por ello, el Ministerio estudia "si hay alguna posibilidad, en el marco de nuestro estado de derecho, de evitarlo".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lo considera "muy complicado". El secretario general del SUP, José Manuel Fornet, ha calificado de "voluntarista" y "oportunista" el anuncio de Cosidó. "¿Cómo se puede determinar y evaluar si la reproducción de una imagen vulnera los derechos de un policía o pone en peligro una operación?", ha asegurado a Efe Fornet que pedirá a Cosidó en el próximo Consejo de la Policía que concrete la iniciativa.

En opinión de este sindicato, mayoritario en el cuerpo, la Dirección General tendrá "problemas legales" si la prohibición queda incluida finalmente en la ley y no se establecen los mecanismos que fijen en qué supuestos un ciudadano puede vulnerarla.

Por ello, el SUP pedirá al director general un informe jurídico sobre la iniciativa que compare además esta medida con las que se adoptan en otros países europeos de nuestro entorno en situaciones similares.

Menos escépticos con esta posible prohibición se ha mostrado el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López de la Torre, que la ve "sumamente positiva" porque, a su juicio, invierte la tendencia de "desatención jurídica" y "a veces hasta la presunción de culpabilidad" de los agentes.

"En demasiadas ocasiones se filtran datos de carácter personal de policías y se ponen a disposición de la red y esto suponen situaciones muy peligrosas", ha asegurado López de la Torre que ha denunciado la difusión en la red de fotografías que piden la colaboración de los internautas para que busquen al agente.

"Todo lo que sea favorecer la garantía jurídica de los policías a nosotros nos parece bien y es un paso adelante", ha subrayado el secretario general de la CEP tras reunirse con el propio Cosidó y otros sindicatos de funcionarios para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas de seguridad.