Uruguay volvió este miércoles a ponerse a la vanguardia en temas sociales en América Latina con la aprobación definitiva en el Parlamento de una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.

Aprobada en el Senado por 17 votos frente a 14, el proyecto se convertirá formalmente en ley en los próximos días cuando sea promulgada por el presidente José Mujica, quién ya indicó en reiteradas ocasiones que no vetaría la iniciativa.

En 2008 Uruguay quedó a las puertas de legalizar el aborto cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio al igual que Mujica, vetó una ley similar aduciendo motivos morales y científicos, lo que desató una profunda indignación entre sus simpatizantes y entre las organizaciones feministas.

Sin embargo, ahora no se producirá tal caso y en cuanto Mujica firme, las mujeres uruguayas serán junto a las de Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal mexicano las únicas en América Latina que podrán abortar sin necesidad de justificar su decisión.

Pese a estar penado por ley, en Uruguay, según cifras oficiales, cada año se producen más de 30.000 abortos, pero organizaciones no gubernamentales creen que la cifra real puede ser el doble.

En los otros países latinoamericanos hay distintos supuestos para permitirlo como el riesgo de vida para la madre, la malformación fetal o que el embarazo sea fruto de una violación.

Técnicamente, la norma uruguaya no legaliza el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la interrupción del embarazo.

Una vez cumplido el trámite, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, que estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia. Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.

Para la senadora del oficialista Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, una de las impulsoras de la medida, esta aprobación causa de "regocijo" para el país, ya que en cuanto se ponga en funcionamiento terminará "con años de estigmatizaciones, hipocresías y mercados negros" que causó la prohibición del aborto en el país.

"Con esta medida no es que los uruguayos estemos a la vanguardia de nadie, sino que nos ponemos a la altura de nosotros mismos. Obtuvimos el divorcio, la separación Iglesia-Estado, en eso fuimos pioneros. Uruguay debería haber aprobado esta norma antes", recordó la senadora.

Pese a todo, Moreira reconoció que la ley deja insatisfechas a muchas partes y que deberá ser mejorada con su reglamentación, en la que se trabajará en las próximas semanas. La preocupación mayor es que pueda aplicarse en las mujeres más vulnerables del Uruguay, como las de escasos recursos que viven en el interior, en donde todavía no existen las facilidades necesarias para su implementación.

Desde las organizaciones defensoras del aborto, este paso histórico fue visto con cierta ambigüedad, ya que si bien algunas lo vieron como "un avance fundamental para el acceso al aborto seguro", otras apuntaron que se trata tan solo de "un acuerdo de mínimos que no despenaliza". En ese sentido se expresó Marta Aguñín, de la organización Mujer y Salud, para quien la medida es "paternalista" y vulnera los derechos de la mujer al obligarla comparecer ante un "tribunal" que la manda "reflexionar".

Por su parte, Carlos Iafigliola, portavoz del principal movimiento antiabortista del país, consideró esta decisión parlamentaria como el visto bueno a "una violación a los derechos humanos" y anunció que se continuará peleando para evitar su implementación.

"El aborto, se haga como se haga, es siempre algo sumamente destructivo y deja secuelas de por vida. Y el discurso de los partidarios de esta ley es hipócrita, ya que sólo habla de dar soluciones a las mujeres en dificultades pero no de la vida en juego, que es el bebé que seguro muere", dijo.