El ex director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, ha afirmado que con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a España por no haber investigado las denuncias de torturas sufridas y denunciadas en 2003 por él mismo, se ha hecho "justicia, porque Estrasburgo, de una manera muy elegante, lo que está diciendo entre líneas es que torturaron" a los directivos de Egunkaria.

En una rueda de prensa en Andoain (Gipuzkoa), en la que ha comparecido junto a su abogado Iñigo Iruin y los directivos de Egunkaria Juan Mari Torrealday e Iñaki Uria, Otamendi ha asegurado que es un día para celebrarlo "desde el punto de vista de los derechos humanos, porque esta sentencia le da un marco más estrecho de actuación al Estado español y a las policías españolas a la hora de tratar a los detenidos".

"A España le vendría bien un rescate de Europa en materia de derechos humanos", ha manifestado, para denunciar que al Estado español le sale "más barato" pagarle a él 24.000 euros, que "quitar la tortura como método de trabajo para obtener información o investigar a los torturadores, enjuiciarles y encarcelarles".

A su juicio, es "increíble" que no se detenga a los culpables de aplicar torturas, pese a que se trata del "delito más previsible" y el "más fácil" de investigar. No obstante, pese a lo favorable de la sentencia, ha considerado que "en España se practica mucho el deporte de no hacer caso a las sentencias de Estrasburgo".

Por su parte, el abogado Iñigo Iruin ha manifestado su "satisfacción" por la sentencia del TEDH y ha recordado que en los dos últimos años el Estado español ha sido condenado tres veces por este mismo tribunal en el mismo sentido, al tiempo que ha destacado que "por primera vez", el tribunal europeo ha criticado la "pasividad" de un juez de la Audiencia Nacional, en este caso el magistrado Del Olmo, ante una denuncia de torturas.

Iruin ha señalado que la decisión del TEDH también cuestiona la "falta de control judicial" con la que se hizo la detención y se aplicó la incomunicación a Otamendi, así como ciertos preceptos que se aplican en el Estado español a la hora de incomunicar como puede ser que no se informe sobre donde se encuentra el detenido o la prohibición de hablar con su abogado.

Asimismo, ha afirmado que la sentencia apunta que ciertas "leyes de excepción" vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y son contrarios a la Constitución española.