La Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) ha criticado que el Gobierno regional tiene "bloqueada" la concesión a los ciudadanos de la Renta Básica de Inserción, una ayuda de cuantía variable que se concede a las personas o familias sin ningún tipo de recurso y que han agotado incluso el paro, con el fin de que puedan atender sus necesidades básicas y facilitar su inserción social.

En total, la Red estima que esta ayuda "podría posiblemente llegar a unos 8.000 beneficiarios en toda la Región de Murcia y, sin embargo, no se abona a más de 2.000". Asimismo, critica que hay muchas solicitudes "que no están teniendo ninguna respuesta", según ha hecho saber en rueda de prensa el presidente de EAPN-RM, Jesús Salmerón, acompañado de una de las solicitantes que no ha visto reconocida la ayuda, Mati Martínez.

Cabe recordar que en 2007 "se aprobó la Ley que reconocía esta prestación como un derecho subjetivo al que cualquier ciudadano tiene acceso siempre que cumpla los requisitos y al margen de presupuestos del Gobierno regional". En cambio, Salmerón denuncia que esta ayuda "se sigue tratando actualmente como una subvención graciable sujeta a presupuesto que, encima, muchas veces se paga con retraso".

En este sentido, critica que las cifras sobre la Renta "no terminan de ser excesivamente públicas" ni concretas. Así, la Comunidad Autónoma admite que hay "más de 3.000 solicitudes, de las que posiblemente unas 1.700 ó 1.800 pueden estar aprobadas" pero que se pagan "con un atraso histórico de dos meses", aunque ahora "están más o menos al día", afirma Salmerón.

Sin embargo, las solicitudes que se presentan actualmente "no se pueden atender porque el presupuesto se ha agotado", según esgrime la Administración, que "deja pasar seis meses hasta que la petición queda desestimada".

La EAPN-RM ha mantenido "diversos encuentros con el Defensor del Pueblo para abordar la situación y solicitar su mediación, con el fin de pedir al Gobierno regional que "desbloquee esta Ley que está aprobada y que está pendiente de un reglamento que permita clarificar los requisitos".

El objetivo es que "cualquier ciudadano pueda reclamar su derecho en los tribunales si la solicitud es denegada o no recibe respuesta", según Salmerón, quien especifica que el Defensor del Pueblo "está siendo nuestro último recurso para desbloquear esta situación, solicitándole que interponga algún tipo de queja o de resolución".

Salmerón quiere "que la Administración regional recuerde que la Renta Básica de Inserción es un derecho subjetivo, que es una Ley aprobada que se tiene que poner en vigor", tal y como sucede "con el derecho a la Educación y el derecho a la Sanidad", porque "es un derecho a comer y a vestir".

El presidente de la EAPN-RM añade que la Ley "no sólo es una prestación económica sino que contempla otras medidas de acompañamiento". Así, explica que disponer puntualmente de una cantidad económica "evidentemente ayuda a la gente que la percibe, pero no es la única respuesta a las necesidades de mucha gente".

Lamenta que la no aplicación de esta Ley "está repercutiendo gravemente en muchos murcianos que tienen en la Renta Básica de Inserción su último y quizá su único ingreso para hacer frente a sus necesidades y las de sus familias".

Salmerón explica que la Renta que actualmente se concede "es la misma que hace unos tres o cuatro años, porque está congelada" y asciende a 300 euros, aunque aumenta 86 euros por la primera persona a su cargo, 56 euros más por un segundo miembro familiar y 42 por el tercero". No obstante, lamenta que la Región de Murcia "es la Comunidad con menor cuantía económica reconocida".

Caso personal de una afectada

Mati Martínez, vecina de Totana, ha contado su caso personal para reflejar las consecuencias de esta "parálisis", que le impide percibir la Renta Básica de Inserción. Como consecuencia de ello, que no puede hacer frente al pago de su hipoteca, ni al pago de la luz ni del agua, todo ello con dos hijos menores.

Ha recordado que su marido se quedó en el paro "después de siete años trabajando en el sector de la Construcción" como consecuencia de la crisis y, actualmente, "padece una minusvalía que le impide trabajar", tal y como "demuestran los diagnósticos de psicólogos y psiquiatras".

A pesar de tener reconocida su minusvalía, Martínez explica que su marido, después de dos años en el paro, "se puso a trabajar el pasado mes de junio en una empresa en el campo" pero, debido a la medicación que tiene que tomar, "le dio una lipotimia y estuvo en observación tres horas, en el hospital de Lorca".

Cuando le dieron el alta volvió a trabajar, pero "le seguían dando los mareos y lo terminaron echando". En concreto, cuando fue llamado para ir a la empresa, la compañía les indicó que "tenía que firmar una baja voluntaria, porque sino, no cobraba los 19 días que había estado trabajando".

Por ello, el marido de Martínez firmó la cláusula. A continuación, ambos acudieron a los servicios sociales a pedir ayuda, y la asistente les indicó que podían solicitar la Renta Básica de Inserción, por lo que reunieron los papeles y pidieron la ayuda el pasado mes de febrero, aunque la Administración no ha dado todavía "ninguna respuesta".

"No tenemos ingresos de ningún tipo, ni de paro ni ayuda familiar", lamenta Martínez, quien afirma que también han pedido una ayuda por la discapacidad de su marido, que cree que va a tener problemas para cobrar por "haber pedido una baja voluntaria".

"Necesito esa ayuda", ha aseverado Martínez, quien recuerda que, como último recurso, el pasado 10 de octubre, pudo hablar durante un acto de entrega de diplomas con el director general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión de la Comunidad, Juan Castaño, a quien expuso su situación.

Castaño le contestó en ese momento que "no hay dinero", a pesar de que la asistenta social había confirmado en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que la ayuda había sido aprobada.

Martínez lamenta que, si uno de sus hijos se pone malo no puede llevarlo al médico porque no tiene dinero con el que comprar los medicamentos. Además, añade que ha tenido problemas para comprar los libros de texto a sus hijos, y el material escolar lo tiene "sin pagar".

"Mis hijos tienen que comer todos los días, se tienen que vestir y tengo que luchar por ellos", añade Martínez, quien destaca que no sabe lo que va a hacer. "Es la primera ayuda que le pido a la Región de Murcia, nunca antes tuve que hacerlo. Necesito cobrarla por muy poco que sea".

La afectada afirma que se está apuntando "a todos los sitios a trabajar" y no encuentra empleo, a pesar de haber hecho "todos los cursos de formación". Así, ha hecho un llamamiento, al destacar que ella lo que quiere "es un trabajo, aunque sea un sueldo mínimo" porque prefiere trabajar y ganarse su dinero "y no que me lo tenga que dar nadie".

De momento, la madre de su marido es la que se encarga del pago de la hipoteca, gracias a la pensión de viudedad que percibe, pero Martínez advierte que esta situación no podrá continuar mucho tiempo" y, si se ve en la calle, advierte que se irá al Ayuntamiento con sus dos hijos "para que me den una vivienda".

Salmerón pide que se desarrolle el reglamento "para que se pueda establecer más claramente cuál es el procedimiento para acceder a la Renta" y, en cualquier caso, considera que la respuesta de la Administración "debería estar más argumentada y más justificada, para que un ciudadano al que le hayan denegado la ayuda pueda acudir a los tribunales".