El Defensor del Pueblo desestima la inconstitucionalidad del canon

  • Aún así, reconoce que el legislador pudo elegir otro sistema más óptimo.
  • La recogida de firmas por parte de Todoscontraelcanon.es no ha terminado, y se estudian otras opciones legales.

La solicitud de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Propiedad Intelectual, planteada por la plataforma Todoscontraelcanon al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha sido desestimada.

El pasado mes de junio la asociación ya anunció las acciones que llevarían a cabo para luchar contra la actual LPI aprobada por el Congreso de los Diputados.

Para impugnarla se siguen tres vías: la impugnación a través del Defensor del Pueblo (que se ha desestimado), la petición de firmas contra el canon hasta alcanzar las 500.000 con el objetivo de poder revisar la ley (una cifra ya superada) y el apoyo de 50 diputados.

Las 500.000 firmas ya han sido superadas. De hecho, el mes pasado la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), como miembro de la plataforma Todoscontraelcanon, presentó en las oficinas de representación en España de la Comisión Europea un escrito contra la aplicación del canon.

Aún así, y pese a la desestimación por parte del defensor del Pueblo, la campaña de recogida de firmas continúa.

El Defensor del Pueblo sí ha estimado que el legislador pudo elegir otro sistema más óptimo (canon en los soportes originales), pero que no fue así.

También se adhiere “a la razonable pretensión de que se implante un procedimiento sencillo, accesible y eficaz que permita el ejercicio de las exenciones al pago de la remuneración compensatoria”.

Qué opina la asociación sobre el canon

La Plataforma entiende que los planteamientos de la nueva LPI son contrarios a varios artículos de la Comisión Europea.

En especial, según Todoscontraelcanon, se contraría lo dispuesto por el Artículo 51. 1. "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos."

En su momento no se denunció la licitud del canon sino del sistema impositivo, por entender que afectaba derechos constitucionales de carácter social y económico.


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