La petición de dimisión del director de El País, Javier Moreno, por parte de la asamblea de trabajadores fue el penúltimo episodio del conflicto que mantienen la dirección y la plantilla del rotativo a raíz del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía el pasado 9 de octubre y que este 10 de noviembre ha dejado sin trabajo a 129 trabajadores. Unos despidos a los que se ha llegado sin que hubiese acuerdo con los trabajadores respecto a dicho ERE.

Según anunció el comité de empresa hecho en octubre, la plantilla de El País considera que Javier Moreno Barber "ha quedado inhabilitado para ejercer el cargo que ostenta y le exige que presente su dimisión inmediatamente" por las "presiones y amenazas" ejercidas contra los trabajadores. El comité atribuye estas presiones a "instrucciones de Juan Luis Cebrián", actual presidente del diario, miembro de su equipo fundador y a quien la plantilla también ha reprobado.

Este sábado 10 de noviembre se anunció el despido de 129 trabajadores, entre los que se encuentran Ramón Lobo, Antonio Fraguas, Manuel Cuéllar, José Yoldi o Javier Valenzuela, tras una semana en la que la gran mayoría de la plantilla había protagonizado tres días de huelga (entre el día 6 y 8)

Estos son los detalles del conflicto en el diario de pago español de referencia (fundado en 1976 y el segundo generalista más leído, según el Estudio General de Medios, por detrás de 20minutos y por delante de El Mundo).

Juan Luis Cebrián anunciaba un plan de prejubilaciones, una reducción de plantilla y una rebaja salarial "ante la grave caída de los ingresos" del diario. El Comité Intercentros le solicitó abrir un proceso de negociación de un mes sin formalizar el expediente para buscar otras soluciones, tal y como recoge el convenio colectivo de la empresa, pero el presidente se negó.

Según el propio diario, los directivos, que achacaban las dificultades del periódico a "los problemas intrínsecos del sector" y a la recesión de la economía española, calificaron las medidas como "dolorosas" e "inéditas" en los 36 años de historia del periódico, aunque "inevitables". "No es una cuestión de querer mejorar la rentabilidad. El periódico no puede soportar por más tiempo su actual estructura de costes", señalaba el presidente del grupo y de El País, Juan Luis Cebrián.

En 2011, Cebrián se embolsó 13 millones de euros, según ha calculado el comité de empresa a partir de las comunicaciones obligatorias enviadas por Prisa (que cotiza en Bolsa) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los sueldos de Cebrián, de los componentes del Consejo de Administración de Prisa, el del director, Javier Moreno, y los subdirectores no son públicos y están fuera del convenio colectivo. Además,  junto a los redactores jefe, tienen bonus cuyo importe desconocen los empleados de las escalas inferiores. El comité de empresa atribuye al consejero delegado de Prisa, Fernando Abril- Martorell, un salario de 3,2 millones anuales.

El lunes 8 de octubre, la redacción inició una huelga de firmas. El comité de empresa denunció que Javier Moreno, director de la publicación, transmitió a los redactores y los corresponsables en el extranjero "amenazas y presiones". Los trabajadores, tras una nueva asamblea, decidieron cancelar esta iniciativa para evitar exponer a represalias solo a la parte de los trabajadores que tienen tareas de redacción. La huelga de firmas quedaría reducida a los días 18 y 19 de octubre y estaría apoyada por paros de los trabajadores no implicados en la elaboración de informaciones.

A continuación, el comité declaró a Moreno "inhabilitado" para ejercer su función y exigió su dimisión por su "divorcio" con sus empleados.

Posteriormente llegó la huelga en protesta por los despidos, realizada entre el 6 y 8 de noviembre y que fue seguida, según fuentes del comité de empresa del diario, por un 95% de empleados.

El presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, mantuvo una fuerte disputa con el exdirector del diario y actual director de la Escuela de Periodismo UAM-El País, Joaquín Estefanía, que mostró su rechazo al ERE.

El enfrentamiento se produjo durante la reunión de Moreno con la dirección del diario. Estefanía le recriminó que diera a entender que el ERE contaba con su visto bueno cuando no había habido ninguna votación. El presidente de Prisa respondió a Estefanía recordándole las pérdidas de la Escuela de Periodismo que este dirige. La disconformidad de Estefanía no sería la única. Soledad Gallego-Díaz alzó la voz para preguntar a Cebrián por qué blandía la Escuela como arma contra Estefanía.

No. En sus 35 años de historia, el diario no ha declarado pérdidas. El ejercicio 2012-2013 sería el primero. Según la dirección, al agujero al final del presente año rondaría los 2 millones de euros, que ascenderían hasta los 7 millones al cierre de 2013 si la situación actual se mantiene. Sin embargo, la propia documentación entregada por la dirección al comité de empresa refleja que El País no entrará en pérdidas, aunque sí reducirá sus ingresos, posibilidad que contempla la reforma laboral aprobada por el Gobierno para hacer un ERE.

Los ingresos por publicidad, principal fuente de financiación del diario de pago, cayeron un 22,3% en los seis primeros meses de 2012 respecto a 2011, según las cifras oficiales del Observatorio de la Prensa Diaria de junio realizado por Deloitte. La inversión de empresas e instituciones para insertar publicidad en medios de comunicación está en caída libre desde 2008.

El País pertenece al grupo multimedia Prisa, que engloba marcas como los diarios Cinco Días y As, las revistas Cinemanía o Rolling Stone, las emisoras de radio Cadena Ser, 40 Principales o Radio Caracol y las editoriales  Santillana o Alfaguara, entre otras. Además, tiene una parte del accionariado de Canal+, que comparte por Teléfonica y Mediaset. En total, está presente en 22 países y tiene unos 9.700 empleados.

Es este conglomerado, según los representantes de la plantilla de El País, el que arrastra al diario. El grupo entró en crisis en 2008, cuando ganó 83 millones, un 56% menos que en 2007. Las pérdidas, sin embargo, se hicieron visibles en 2010 (72,82 millones) y 2011 (451,22 millones).

En 2007, Prisa lanzó una OPA sobre Sogecable, propietaria de Digital Plus, a pesar de que ya tenía la mayoría accionarial. Esa OPA obligó a Prisa a pedir un crédito de 1.950 millones que fue el origen de los problemas de la compañía.

El comité de empresa denuncia que los "fallos empresariales" y "errores estratégicos" de la dirección a la hora de realizar inversiones dentro y fuera de España han llevado al grupo a la ruina, cargando ahora los recortes sobre los trabajadores.

En 2008, el grupo se mantuvo con saldo positivo en el resultado neto gracias a los 300 millones conseguidos tras vender sus sedes de Gran Vía (Cadena Ser), Miguel Yuste (El País ) y Caspe (Radio Barcelona). Las redacciones permanecen hoy en el mismo lugar, pero pagando un alquiler. La compradora fue Longshore, propiedad de Drago Real Estate Partners y The Royal Bank of Scotland. La deuda financiera bruta se elevaba entonces por encima de los 5.000 millones de euros. La empresa suspendió el pago de dividendos a sus accionistas, lo que nunca había sucedido desde que empezó a cotizar en Bolsa en el año 2000.

En 2009, debido a las deudas, se desprendió de un 21% de la plataforma de televisión para abonados Digital Plus a Telefónica por 470 millones. A finales del mismo año, traspasó otro 22% de la misma a Telecinco por 517 millones. La cadena de Paolo Vasile se hizo además con Cuatro, perteneciente a Prisa, por 550 millones más.

En 2010, debido a la necesidad de capital, Prisa vendió el 25% del grupo Santillana de Ediciones, del que era propietario al 100%, al fondo de capital privado DLJ South American Partners.

Ese mismo año, se produjo un cambio fundamental. La sociedad de inversores estadounidense Liberty Acquisition Holdings Corp entró en el accionariado de Prisa inyectando 650 millones de euros. Se convertía en el accionista mayoritario con casi un 65% del capital, percibiendo en su primer año 165 millones en dividendos. La familia fundadora de El País, los Polanco, mantenía el control de la gestión pese a contar solo con el 30% de los valores.

En 2011, tuvo que fijar provisiones de 263 millones de euros por deterioros de sus inversiones en Portugal y 183 millones adicionales para cubrir la posible condena judicial debida a la pelea que mantenía en los tribunales contra Mediapro por los derechos de emisión de los partidos de fútbol. En total, la deuda ascendía a 3.533 millones de euros.

En el presente 2012, Prisa dio entrada a su accionariado a sus bancos acreedores: Santander, La Caixa y HSBC. Estos convertieron parte de su deuda en acciones por valor de 334 millones. Telefónica se unió a ellos con alrededor de 100 millones más. Tras esta operación, la participación de la familia Polanco bajó al 13%, perdiendo el control del conglomerado.

En enero de 2011, tras la entrada de Liberty, Prisa anunció un plan de reestructuración y eficiencia operativa que supondría despedir a 2.500 trabajadores en todo el mundo. El plan se ejecutaría hasta el primer trimestre de 2012.

Hasta hoy, la compañía ha acometido expedientes de regulación de empleo en la Cadena Ser (258 despidos), Prisa TV (784 salidas), Cinco Días (21 trabajadores), Prisa Revistas (45) y Prisa Brand Solutions (24). En total, si se suman los despidos propuestos en El País, Prisa habría realizado 1.281 despidos. Para llegar a los 2.500 previstos en el plan de ajuste, debería realizar otros 1.219.