Las autoridades británicas han encontrado la fórmula para resolver el problema de hacinamiento en las cárceles: pagar a los presos extranjeros para que vuelvan a sus países.

No quedan plazas 

Así lo anunció este lunes el ministro del Interior, John Reid, tras conocerse que la población carcelaria de Inglaterra y Gales ha alcanzado la cifra récord de 79.819 reclusos y sólo quedan en este momento 234 plazas para nuevos delincuentes.

Así, se ofrecerán incentivos económicos que oscilan entre las 500 y las 2.500 libras (750 a 3.750 euros) a los reclusos no británicos que acepten ser repatriados, aunque no se les dará el dinero en mano, sino que se les ayudaría a costear su educación, su formación, el alojamiento o el lanzamiento de algún negocio.

Los extranjeros que se ofrezcan voluntarios para llevar a cabo el resto de sus condenas en sus países de origen o que están próximos a cumplirlas aquí podrían optar a esas ayudas, según el Gobierno.

La oposición lo critica

Los planes del Gobierno laborista no han gustado a la oposición conservadora, pero no precisamente por un motivo ético.

"Por definición, (los delincuentes) no son gente de la que pueda esperarse honradez. ¿Cómo vamos a impedir que esos individuos regresen aquí tras aprovecharse del contribuyente?", se preguntó el responsable conservador del Interior, David Davis.

Reid no excluyó tampoco la posibilidad de soltar eventualmente a a algunos reclusos antes de que terminen de purgar sus penas aunque señaló que sería "un último recurso".

Medidas ¿desesperadas?

La directora de la fundación para la reforma de las cárceles, Julit Lyon, calificó los planes del Gobierno de "batiburrillo de medidas desesperadas que todo lo más permitirán un respiro de sólo un par de semanas".

"Nuestras atestadas cárceles se han convertido basureros sociales adonde se arrojan a adictos, enfermos mentales, personas sin techo y a las más vulnerables como mujeres y niños", denunció Lyon.