El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo ha rebajado la pena que solicitaba para siete acusados de cometer actos de 'kale borroka' a un total de 13 años de prisión, frente a los 400 que solicitaba en su escrito de acusación.
La Sección Primera de lo Penal ha condenado a cada uno de los procesados, en un juicio de conformidad, a penas de dos años de prisión, salvo en el caso de Goar Jiménez Muguerza, a quien ha impuesto una pena de un año de cárcel.
Los procesados, para los que el fiscal solicitaba en su escrito de calificación provisional penas que oscilaban entre los 16 y los 96 años, han reconociedo en el juicio su participación en los hechos y se mostraron conformes con la condena que pedía para ellos el representante del Ministerio Público. Además de estos siete acusados, la acusación también se dirigía contra otra persona en situación de rebeldía, Garikoitz Ibarlucea Murua, que se enfrentaba a 48 años de cárcel.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía 16 años de prisión por cada acto de violencia callejera en los que participaron y que consideraba que eran constitutivos de delitos de estragos terroristas con agravante de disfraz. En el juicio, sin embargo, ha modificado su acusación, al considerar que cada uno de los procesados había incurrido exclusivamente en un delito continuado de daños terroristas, afirmando además que no había sido acreditado que cometiesen los hechos cubriéndose la cara, suprimiendo así la agravante de disfraz, ni que los actos hubiesen supuesto un peligro para la vida de las personas.
El acusado para el que se pedía una pena mayor era Eñaut Garmendia Lasa, quien se enfrentaba a 96 años de cárcel, seguido de Aritz Sudupe Beraza, para el que el fiscal interesaba una condena de 80 años de prisión. Para Ibon Aranalde y Josu Otegui Eraso, el fiscal solicitaba 64 años de prisión. Josu Ozaita se enfrentaba a 48 años de cárcel y Mikel Ozaita a 32 años de prisión.
Por su parte, instaba a que se impusiese una pena de 16 años de cárcel a Goar Jiménez, quien sólo participó en uno de los ataques, para quien el representante del Ministerio Público ha interesado hoy una condena de 1 año de prisión por un delito de daños terroristas sin el carácter de continuado.
Apedrear la casa de dos concejales
Según los hechos recogidos en el escrito de calificación, que los propios acusados reconocieron, Aranalde, Garmendia, Otegui y Ozaita lanzaron en septiembre de 1999 artefactos incendiarios y apedrearon la casa de los concejales del PSE-EE de Ibarra (Guipúzcoa) Jaciento Mayordomo Sánchez y Cristina Muñoz Postigo. Los artefactos causaron importantes daños en la vivienda.
Además, Otegui, Garmendia, Sudupe, Aranalde y Ozaita lanzaron en abril de 2000 cócteles molotov contra una delegación en la localidad guipuzcoana de Tolosa del rotativo el 'Diario Vasco'. Los artefactos causaron daños a un vehículo, que se encontraba en las inmediaciones.
Otros de los ataques se refiere al lanzamiento, en julio de 2000, de artefactos por parte de Garmendi y Otegui contra la estación de RENFE de Tolosa, causando daños valorados en 15.525 euros.
Asimismo, los procesados lanzaron cócteles molotov en octubre de 2000 contra un 'batzoki' del PNV en Zizurkil (Guipúzcoa). También atacaron la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Tolosa, la oficina de Correos de Alegría (Guipúzcoa), un vehículo propiedad de un trabajador del Departamento de Recursos Generales de Ibarra, dependiente de la Consejería Vasca de Interior, y un autobús urbano.
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