El documento contempla cinco medidas, la primera de las cuales es la creación de una Comisión Interadministrativa constituida por representantes de todas las administraciones públicas, organizaciones privadas que defienden los derechos de propiedad intelectual, entidades de gestión de derechos y asociaciones de consumidores.
En segundo lugar, se llevarán a cabo acciones preventivas para determinar el alcance de la piratería; qué intereses esconde; su relación con otras formas de delincuencia; el perfil de los consumidores de estos productos ilegales y las razones que le llevan a ello, así como el grado de conocimiento y aceptación por parte de la sociedad de las normas de propiedad intelectual.
Las campañas de sensibilización social sobre el grave quebranto que supone la conculcación de los derechos de la propiedad intelectual -no sólo evaluable en términos de empobrecimiento cultural, sino también económico- es otra de las medidas del documento. Además, se analizarán las herramientas e instrumentos normativos actuales con las que cuentan las fuerzas de seguridad, así como jueces, magistrados y fiscales para luchar contra este fenómeno. El resultado de esta acción determinará, en su caso, las modificaciones que habrán de llevarse en el ordenamiento jurídico español para dotarle de una mayor eficacia, así como recomendaciones a las administraciones locales, especialmente en lo que se refiere a la acción policial y la persecución de las actividades callejeras.
La última de las medidas pretende establecer mecanismos de formación continua para policías y miembros de la judicatura, es decir los agentes públicos encargados de velar por el respeto a este derecho. Esta propuesta también contiene acciones dirigidas a impulsar la investigación en este ámbito, especialmente en las universidades.


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