El Gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han suscrito este miércoles un acuerdo que contempla la destrucción de la droga incautada en operaciones policiales contra el narcotráfico en un plazo de dos meses.

Este nuevo protocolo regulará el procedimiento a seguir desde la aprehensión de la droga, su análisis, custodia y destrucción con el objetivo de garantizar desde el primer momento de su incautación la fuente de prueba hasta la eliminación final del estupefaciente.

En concreto, el acuerdo marco de colaboración que han suscrito este miércoles los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y la Agencia de Medicamentos fija un plazo de dos meses desde su aprehensión para que la droga sea destruida.

Además de agilizar estos trámites, el convenio establece "uniformizar" el proceso para la recogida y extracción de muestras, su orden de prelación y su reserva para los contra-análisis que puedan solicitar las partes ante los distintos órganos judiciales que instruyan causas de narcotráfico.

Las nuevas normas para la custodia de la droga han quedado recogidas en el documento que han suscrito este miércoles el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el de Seguridad, Ignacio Ulloa, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la directora de la Agencia del Medicamento, Belén Crespo, y el vocal del CGPJ Manuel Almenar.

La firma de este convenio se produce después de que el pasado sábado un grupo de ladrones robaran cerca de 300 kilos de droga del depósito de la Subdelegación de Cádiz, 200 de ellos de cocaína, incautada en una operación policial el pasado mes de agosto en el interior de un buque mercante.

"Lo que se prevé es que en cuestión de semanas la droga incautada sea analizada y en un plazo de dos meses destruida", ha explicado Ulloa después de que Almenar haya destacado que actualmente algunos análisis de estupefacientes, se "dilatan durante ocho o nueve meses".

Para Ulloa, el convenio suscrito supone establecer un mecanismo "efectivo" y "estandarizado" que permita rápidamente destruir la droga, que el pasado año alcanzó los 300.000 kilos de distintos estupefacientes incautados, al tiempo que Torres-Dulce ha asegurado que el acuerdo pone de relieve sobre todo que jueces, fiscales y administración siguen "plenamente involucrados en la lucha contra la lacra del tráfico de drogas".

En este sentido, todos han coincidido en que el objetivo principal del acuerdo es fortalecer la colaboración interministerial y judicial para la aprehensión y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Para ello, se crea también una comisión mixta de seguimiento y control de la droga almacenada y pendiente de autorización para su destrucción. Las fuerzas de seguridad tendrán que inspeccionar primero la droga, hacer una descripción detallada de sus características, y tomar las muestras necesarias para su análisis y puesta a disposición del juzgado correspondiente.

Posteriormente, la Policía Judicial trasladará la droga al organismo oficial al que corresponda remitir el estupefaciente al juzgado que lleve la investigación, que podrá ordenar la realización de contra-análisis si lo solicitan las partes.

Según el convenio, durante todo este proceso hasta la eliminación de la droga se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de las pruebas y su disponibilidad en el acto de juicio oral. En este sentido, cada una de las personas o instituciones que hayan intervenido en la gestión y custodia de las sustancias incautados quedarán debidamente identificados y documentarán su intervención.