El vicepresidente andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha calificado como "positivos" los resultados del Plan Estratégico de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 2008-2011, que se ha cumplido en un porcentaje medio del 70 por ciento en las cuestiones más directamente relacionadas con las demandas de los ciudadanos.

Valderas, quien ha comparecido en comisión parlamentaria, ha defendido instrumentos como éste que "ayudan a detectar las necesidades de la ciudadanía", en colaboración con los agentes sociales, lo que permite priorizar los recursos en función de las necesidades reales.

Durante el periodo de aplicación del Plan, según ha apuntado el consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales la Junta ha realizado un total de 26.032 inspecciones y ha resuelto 12.941 expedientes por un importe total de 5,5 millones de euros.

El Plan Estratégico de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 2008-2011 contiene 107 programas agrupados en cinco grandes objetivos, con especial atención a los colectivos más vulnerables. La finalidad es, además de reforzar la protección de consumidores y usuarios, mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos retos y demandas de la sociedad.

Valderas ha calificado la iniciativa como "ambiciosa y ajena a los cambios políticos" toda vez que para su aprobación requiere el consenso de la administración e instituciones públicas y privadas.

En la elaboración del Plan han participado, bajo la dirección de la Junta, las tres federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA, UCA-UCE y Al-Andalus) y la Confederación de Empresarios de Andalucía. También las organizaciones de consumidores están realizando aportaciones al I Pacto Andaluz por la Garantía de los Consumidores y Usuarios, suscrito el pasado mes de enero. El documento se desarrollará en esta legislatura y responde a los compromisos del Gobierno andaluz en materia de consumo.

Su ámbito de intervención plantea el desarrollo del Catálogo de Derechos del Consumidor, que recoge el Estatuto de Autonomía; el fomento de la formación y la educación ciudadana en un consumo responsable, y la mejora y el fomento del uso de los sistemas de mediación y arbitraje.

El vicepresidente ha recordado que de estas actuaciones se encarga la Secretaría General de Consumo, con rango de viceconsejería, que se ha creado en esta legislatura para una "mayor y mejor" defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios, más cercana a la ciudadanía y que ésta se sienta "más protegida".

PP-A

Asegura que las políticas de consumo son "invisibles"

Por su parte, la diputada del PP-A Ángeles Isac ha recordado que hace cuatro años se presentaba ante esta comisión el II Plan estratégico de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, "un plan dotado de casi 66 millones y hecho para no cumplirlo, como también el anterior".

Según ha indicado la diputada 'popular, el II Plan estratégico de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía "ha quedado inédito en más de un 60 por ciento, habiéndose ejecutado un presupuesto raquítico". En su opinión, las políticas de consumo están siendo "invisibles" para el Gobierno andaluz, "que apenas ha invertido durante los dos últimos años unos 50 céntimos por andaluz".