El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se adhiere a la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y apuesta por regular, aunque solo de forma administrativa, el derecho de manifestación.

Durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, Torres Dulce defendió que un derecho fundamental como este no puede restringirse de manera "excesiva", ya que ello puede complicar la convivencia democrática. Sin embargo, advirtió que el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho".

Para Torres Dulce, el "legítimo malestar" de la población por el paro, la crisis económica y los recortes está siendo explotado "para deslegitimar en bloque la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares".

Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho".

Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.

Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar ante los tribunales cualquier exceso de los límites que se haya cometido.

En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.

"Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.