Hasta el momento, De Juana permanecía con una sonda gasogástrica, por donde era alimentado por los sanitarios, y se le irá incorporando la alimentación oral en un proceso que, según otras fuentes, podría ser largo, según la evolución de paciente.

Los médicos irán realizando a De Juana controles médicos, quien permanecerá en el hospital hasta que lo decidan los facultativos que le asisten, custodiado por la Policía.

A juicio, el próximo día 27

De Juana tiene que acudir a la Audiencia Nacional el próximo día 27, ya que este tribunal tiene previsto celebrar ese día el único juicio que tiene pendiente contra él, en relación con amenazas terroristas por las que el fiscal pide una condena de 96 años de cárcel.

El preso etarra ingresó el pasado viernes en esta unidad especializada en nutrición, dos meses después de que comenzara la huelga de hambre por "motivos político-judiciales", según dijo, porque entendía que ya había cumplido condena y que debería haber sido excarcelado.

El etarra se encuentra en prisión preventiva tras haber sido procesado en agosto de 2005, mes en el que, gracias a las redenciones que contemplaba el Código Penal de 1973, extinguía una condena que superaban los 3.000 años de cárcel por participación en once atentados en los que fallecieron 25 personas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz apreció presuntos delitos de integración en banda terrorista y amenazas terroristas en dos cartas que De Juana Chaos había publicado en el diario "Gara" en diciembre de 2004.

Tras 43 días en huelga de hambre y ante el evidente deterioro de salud, fue ingresado en el hospital Comarcal de Algeciras (Cádiz) para hacerle un estudio y evaluación, a instancias de la Audiencia Nacional, que había ordenado que se alimentara si corría peligro su vida.

Poco después, los médicos del hospital comenzaron la administración terapéutica y alimentaria, tratamiento que se produjo tras informar a De Juana de los riesgos que corría y de la orden de la Audiencia Nacional.

El 2 de octubre, ante la gravedad de su estado de salud, el citado tribunal autorizó el traslado del preso desde el hospital comarcal hasta un centro especializado, después de que la Fiscalía realizara esta petición para garantizar la presencia del recluso en el juicio.

El etarra había sido condenado a más de 3.000 años de cárcel, pero redimió unos 12 de los 30 de cumplimiento máximo, previstos por el Código Penal de 1973 por el que había sido juzgado.