El Gobierno de Cantabria y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma abordarán el próximo mes o el siguiente, es decir, en octubre o noviembre, las principales necesidades de la Fiscalía, especialmente de medios materiales y personales.

Así lo ha anunciado este viernes la fiscal superior de la región, María Teresa Calvo, durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento regional, para presentar la Memoria de 2011, y donde ha aprovechado para recordar que la plantilla de la Fiscalía —compuesta por 28 fiscales— no se ha incrementado con ninguna plaza nueva desde el año 2006, ni tampoco ha aumentado el cuerpo de funcionarios —compuesto por una treintena de trabajadores—, ya que tan solo ha habido refuerzos puntuales, pese a que hay "mucho trabajo".

En este sentido, la fiscal se ha mostrado partidaria de consolidar las plazas de los refuerzos y crearlas como funcionarios, así como otras nuevas. También se ha referido a la dotación de la figura de funcionario jefe, un tema "indispensable" para la Fiscalía y que Calvo ya ha reivindicado en anteriores comisiones mixtas, sin que hasta el momento se haya "satisfecho" esta petición.

Sobre las sedes de la Fiscalía en Santander, Calvo ha comparado que si bien en la de Las Salesas hay "espacio suficiente" y los despachos son "dignos y adecuados", en la de la calle Alta el espacio es "insuficiente", lo que genera "problemas" en el desarrollo del trabajo tanto a fiscales como a funcionarios. Y aunque ha admitido que por su ubicación no es "fácil" ampliar esta sede, ha propuesto que se dé algún tipo de solución.

Tras reconocer que en los últimos años se han acometido mejoras y se han renovado equipos informáticos, la fiscal ha comentado que están "pendientes de subsanar dificultades". También hay "problemas" y "fallos" en la transmisión de datos a través de la plataforma informática Vereda, que se está implantando. Y, aunque ha habido avances "razonables" desde su puesta en marcha, estos no son "suficientes".

En cuanto a la Memoria de 2011, Calvo ha destacado que "por primera vez" el número de diligencias incoadas superó las 50.000, al incrementarse un 2,5%. Los delitos contra la vida y contra la libertad sexual fueron los que registraron un aumento más destacado, y, aunque en menor proporción, también crecieron los relacionados contra la violencia de género, salud pública, patrimonio y contra las relaciones familiares.

Por el contrario, en 2011 descendieron los delitos contra la vida y la integridad física, contra la libertad, contra los derechos de los trabajadores, así como la violencia familiar y la seguridad vial, según ha destacado Calvo. Así, aunque unos delitos bajan y otros aumentan, en ningún caso superan "ni mucho menos" los índices de la media nacional.

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios, Rosa Eva Díaz Tezanos (PSOE), Rafael de la Sierra (PRC) y Julio Bartolomé (PP), han comentado los datos expuestos por la fiscal, a la que han requerido más información sobre determinados asuntos, como la duración de procesos relacionados con delitos complejos.

Es el caso de Castro Urdiales, donde concurren "muchos" procedimientos por supuestas irregularidades urbanísticas, lo que acarrea una "complejidad enorme" y un esfuerzo igualmente "enorme". A ello se suma que, tras la celebración del juicio oral, se solicitó retrotraer el proceso para subsanar errores.

Ha añadido que si bien dos fiscales se dedican a la presunta trama de corrupción urbanística en este municipio, no lo hacen de forma específica.

Otro caso "de complejidad enorme" es el de la Cooperativa de Monte, que como ha destacado la fiscal ya tiene fecha para el juicio oral, puesto que se celebrará del 2 al 25 de noviembre.

En cualquier caso, Calvo ha apuntado que la fase de instrucción de los delitos no depende de la Fiscalía, ya que aunque colabora en la misma, corre a cargo de los juzgados. Aún así, siempre procuran, como ha subrayado, que la apertura del juicio se dilate "lo menos posible".

Sobre la preocupación de los portavoces de los grupos parlamentarios por la ejecución de sentencias, la fiscal ha aclarado que existe una comisión específica en la que trabajan tres personas que se dedican a esta labor, por lo que a su juicio funciona "relativamente bien".

Al hilo de lo anterior, la fiscal se ha mostrado partidaria de fomentar la especialización, sobre todo de cara a la investigación de delitos económicos. "Hacen falta personas expertas", ha admitido.

Otros temas a los que se ha referido a petición de los diputados son los trabajos en beneficio de la comunidad, que ha recordado que son una pena "de voluntad", o la protección de los testigos, materia en la que se ha mostrado a favor de adecuar los espacios para evitar que estas personas se encuentren con el acusado.