El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) quiere instar a la ciudadanía a concienciarse de la importancia de mantener intactos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para no retroceder décadas en materia de igualdad y mantener a España en los parámetros marcados por los derechos internacionales.

Así lo ha manifestado su directora, Soledad Ruiz, en el mismo día que la plataforma 'Decidir nos hace libre' celebra el Día internacional de Acción Global por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito. Esa fecha proviene del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que en los años 90, tras analizar que el aborto inseguro y clandestino constituye la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos países, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto, según ha informado la Junta en una nota.

España se sumó a la campaña en el año 2009 para reclamar la modificación de la ley del aborto que finalmente se consiguió en 2010, y que en la actualidad corre peligro, motivo por el que el movimiento asociativo femenino español se ha vuelto a movilizar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales, de los que la mitad, unos 21,6 millones son inseguros y clandestinos. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es de 60.000 a 100.000, constituyendo así el aborto inseguro la tercera entre las causas directas de muertes maternas que se producen cada año en el mundo.

En la actualidad, la legislación en la mayor parte del mundo occidental contempla la despenalización del aborto, siguiendo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMS, que advierten incluso de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restrictivas. La propia Unión Europea recomendó desde 2008 despenalizar el aborto y a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de su derecho al aborto seguro, motivo por el que España aprobó en 2010 la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que modificaba la vigente desde 1985, con el fin de adaptarse a las recomendaciones internacionales y garantizar y proteger los derechos de la mujer.

PREOCUPACIÓN

Pese a ello, y pese a que la propia ONU expresó el pasado mes de mayo su preocupación por los efectos que las medidas de austeridad están teniendo en los derechos humanos, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el Gobierno central mantiene su intención de reformar la ley y devolver así a España a "una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica".

Esta situación, a su juicio, "retrotraería a las mujeres a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica, y a una situación de desigualdad en la que las mujeres con recursos que querían abortar sin riesgos viajaban a un país con legislación más benévola, mientras que las que carecían de medios económicos suficientes abortaban de manera clandestina a su propio riesgo".

Para la directora del IAM, la posible reforma va más allá de un retroceso a los años 70, "porque ni siquiera se plantea incluir el supuesto de anomalías graves para la vida del feto, de casos que van mucho más allá de una mera discapacidad". En este sentido, a Ruiz le resulta "paradójico que un Gobierno que ha atacado directamente a las mujeres y a las personas dependientes, con la eliminación de ayudas a la dependencia, se erija ahora como el principal defensor de personas dependientes, a las que está condenando a vivir desahuciadas y sin ayudas".

Con este debate, añade, se consigue además ocultar que el número de abortos no sólo no ha crecido con la aplicación de la actual Ley de Salud sexual y reproductiva, sino que, en sus primeros seis meses de aplicación, ha conseguido frenar el ritmo de crecimiento de los últimos años.

Para el Instituto Andaluz de la Mujer, "no es admisible que España retroceda a aquellos tiempos donde las mujeres sólo podían acceder al aborto mediante la clandestinidad, mediante prácticas que ponían en peligro su vida", por lo que ha concluido que "reformar la vigente Ley supondría por tanto uno de los mayores retrocesos de la historia de la democracia española, desviando a España de la jurisdicción europea".