El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitirá en los próximos días al Estado una declaración institucional por la que se solicita que desde la Administración General del Estado se anule el nuevo requisito de certificado de empadronamiento impuesto a los residentes canarios para poder acceder a la bonificación del transporte, con la búsqueda de un nuevo sistema telemático para la acreditación de la condición de ciudadanos de las islas.

En un comunicado, el Consistorio capitalino explicó que también se solicita a la Administración General del Estado que continúe la lucha contra el fraude en materia de bonificaciones al transporte aéreo de los residentes canarios.

Así, esta declaración, que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Consistorio capitalino, pretende evitar que se le imponga a los ciudadanos de la capital que acrediten ante una administración pública su condición de residente cuando la misma institución ya cuenta con esta información a través del INE y el Padrón.

Por su parte, el Ayuntamiento recordó que la entrada en vigor de esta medida —1 de septiembre de 2012— "ha supuesto un enorme esfuerzo para el gobierno local, que ya desde julio pasó a registrar de 500 documentos semanales a 2.000, mientras que en el siguiente mes se alcanzaron medias diarias superiores a 1.800, lo que llevó a contabilizar el pasado 21 de agosto un récord de más de 3.200 certificados emitidos".

"se han reducido los tiempos de espera"

Asimismo, el Consistorio municipal informó que, gracias a la labor del personal municipal y a las medidas organizativas adoptadas en los últimos meses, "se han reducido los tiempos de espera, además de mejorar sustancialmente la atención a la ciudadanía para la gestión de este trámite, a través del Sistema de Solicitud Previa, que ha permitido además descentralizar la labor de las Oficinas Municipales del Edificio Metropole a las concejalías de Distrito".

La Administración local procedió a la aprobación de la modificación de la Ordenanza que establece las tasas por la expedición de este tipo de documentos, para favorecer la obtención del mismo a través de Internet de forma gratuita.

"Con esta declaración —concluyó el Consistorio—, el Ayuntamiento apoya cualquier medida destinada a la vigilancia y control de los posibles fraudes que desde el Gobierno de España se hayan podido detectar en relación con este tipo de bonificaciones, si bien considera igualmente imprescindible que las medidas que se adopten no supongan una carga adicional a los ciudadanos que legítimamente desean beneficiarse de las bonificaciones previstas".